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Señaló que, más allá de consideraciones legales, la gente no está pensando en las elecciones ni en política y que se impone un acuerdo político que contemple, antes que nada, la cuestión sanitaria, adecuando el proceso electoral a la normativa legal para desjudicializar la controversia. Marcó como una contradicción el discurso del Gobierno, llamando a la responsabilidad y no actuando en consecuencia en lo que supone la movilización de 700.000 correntinos.