Ayer, en instalaciones de la Sociedad Rural, con la participación de representantes de las sociedades rurales de Santo Tomé, Alvear y Paso de los Libres, además de los locales, se realizó la segunda reunión de trabajo que da continuidad a la iniciada meses atrás con el Gobernador. En esta oportunidad, el cónclave fue presidido por el ministro de Seguridad, Adán Gaya, secundado por el jefe de Policía, general Leguizamón; el jefe de la Policía Rural, general Gerardo Torres; el jefe de Judiciales, general Aguilar; el jefe de la Unidad Regional, comisario mayor Baroni, y el jefe del Priar de La Cruz, comisario Claudio Fernández.
20-CONTRATAPA-5Al término de la reunión, hubo coincidencia en la importancia de la misma y el acuerdo en constituir una comisión que oficie de mesa chica para el análisis de los cursos de acción a seguir en el marco de una problemática que, aunque centrada en el abigeato, comprende la seguridad en su conjunto mereciendo particular análisis el reciente crimen de un ganadero muy cerca de La Cruz.
En relación a ello, el Ministro informó del esclarecimiento del mismo con la detención de quien ofició como remisero para llevar a los tres presuntos autores, cuya detención se concretaría en los próximos días, al menos uno de ellos estaría localizado. Los dos restantes serían de nacionalidad brasileña.
El Jefe de Policía a la vez se extendió en la información vinculada con la detención del último imputado en la mega causa de robo de hacienda que permitió recuperar cerca de 300 cabezas, que podrían haber sido muchas más si la Policía hubiera contado con mayor apoyo y celeridad por parte de la Fiscalía de Paso de los Libres a cargo de Facundo Sotelo, que demoró las órdenes de allanamiento, y que alguna de ellas nunca le dio curso.
Un particular tema en análisis fue la necesidad de interactuar con el Ministerio Público Fiscal para lograr que se unifiquen criterios en las distintas jurisdicciones, para la calificación de los delitos poniendo especial énfasis en que uno de los logros que fue el poder avanzar con la inspección de carnicerías, las más de las veces no permite ir hacia atrás hasta los autores del abigeato porque la mayoría de los fiscales se limitan a encuadrar los hechos bajo la previsión del artículo 206 del Código Penal bajo la figura del delito sanitario, con lo cual pierde sentido el accionar positivo de la Policía.
La coordinación del Ministerio Público con el personal de la fuerza es un elemento central para poder avanzar, así como sumar a otros intendentes para que contribuyan a prestar colaboración a las inspecciones del Priar a partir del concurso del personal de Bromatología.
En la reunión además se puntualizó en la indiferencia de muchos productores que se evidenció en el no retiro de la hacienda secuestrada más allá que la mayor parte de ella no podía ser justificada. Se avanzó con una propuesta de interesar a los legisladores de ambas cámaras para la aprobación de un proyecto de ley que permita que transcurridos siete días la Provincia quede habilitada para la venta de la hacienda, cuyo producido iría a un fondo especifico.
Otra de las iniciativas fue la de instalar a costa del Ministerio de Seguridad cámaras en lugares estratégicos que contribuyan al éxito de las investigaciones, e interesar al Banco de Corrientes a que habilite líneas crediticias a bajo costo para que los productores pongan, a su costa, cámaras en los campos que ayuden al accionar de la Policía Rural.
También de promovió la idea de dialogar con el Superior Tribunal respecto a la posibilidad de hacer entrega de vehículos que están secuestrados y deteriorándose y que podrían servir para que las delegaciones del Priar cuentan con vehículos no identificados para tareas de inteligencia, para las cuales es importante no se haga con vehículos de la fuerza.
En la reunión, los productores pusieron énfasis en la necesitar de dotar de mayor cantidad de efectivos a las delegaciones del Priar, señalándose que en el caso de La Cruz (que es uno de los tres departamentos más grande) solo hay 12, lo cual impide la tarea no solo de prevención sino la propia del control en el visado de guías para la salida de las haciendas. Además, se insistió en la necesidad de más móviles. En La Cruz hay uno solo, en Paso de los Libres de momento ninguno.
También se destacó la necesidad de provisión de las antenas Starlink para que desde lugares sin señal pueda establecerse comunicación con la Fiscalía. Otro pedido fue la necesidad de contar con una lancha para el patrullaje en el río Aguapey y el Uruguay.
Las autoridades presentes que mantuvieron una permanente interacción con los representantes ruralistas recogieron la preocupación por la decisión unilateral e inconsulta del cambio del jefe del Priar de La Cruz, comisario mayor Miguel Lugo, que luego de las exitosas tareas en la investigación que llegó al secuestro de casi 300 cabezas (que pudieron haber sido más) fue desplazado, lo cual no fue bien visto porque quedó la sensación de que cuando la Policía avanza con éxito en las investigaciones «el diablo termina metiendo la cola», generando desánimo en los cuadros policiales de otras jurisdicciones y en la propia comunidad donde decisiones de esa naturaleza causan ruido. Similar situación se produjo meses atrás con el Jefe del Priar de Santo Tomé, y en cierta medida con el de Paso de los Libres que logró ser mantenido.
Uno de los puntos que se trató fue justamente el temor de la Policía, no tanto para con el accionar de los cuatreros sino en referencia al respaldo que puedan contar de parte de la Justicia cuando deben actuar. En este caso, no pocas veces, la Policía quedó en la mira de jueces o fiscales que no terminan de entender que es la Justicia la que debe terminar con la puerta giratoria de los juzgados, o con la aplicación de la nefasta teoría zaffaroniana que hace que abogados solventados por quienes financiaran a los cuatreros terminen logrando el objetivo de instalar la sensación de impunidad que desmotiva a la Policía e indigna no solo a los productores, sino a la gente en general que sigue con atención las noticias.