El fallo del Superior terminó por dejar las cosas en su lugar, aunque, en los hechos, el comisario mayor, Sergio Ramos vio frustrados los ascensos y terminó fuera de la Policía. El perjuicio no fue sólo para él, sino para la fuerza misma en función a que el ejemplo que se dio hacia su interior fue de una desmotivación extrema.
La anterior conducción de la fuerza y la actual, con buen criterio, lo habían sostenido hasta que, finalmente, hace unos meses Ramos pidió ser incluido en la lista de retiros. El Tribunal consideró que no se logró probar la acusación en su contra con la certeza necesaria. El fallo cuestiona la valoración de las pruebas y las contradicciones en los testimonios que sostuvieron el fallo del Tribunal Oral.
Se clausura así un proceso que mantuvo en vilo por mucho tiempo a los casereños e impactó de lleno en una Policía donde, las más de las veces, no queda en claro los límites y el apoyo con el que cuentan sus efectivos para ir a fondo para hacer valer el peso de la ley.
La Justicia correntina dictó así una sentencia que marcó agenda dentro del fuero Penal local y en tiempos en que, de a poco, la nefasta teoría zaffaroniana va perdiendo terreno en todo el país.
En un fallo de alto impacto, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa ejercida por el doctor Colichelli y resolvió revocar la condena que pesaba sobre el comisario mayor, Sergio Raúl Ramos que, a pesar de ella, continuó en funciones y en actividad hasta hace poco, cuando finalmente pidió el retiro, aunque su propósito era llegar a comisario general.
De hecho, tanto los comisarios Barboza, como Molina y Leguizamón mantuvieron sus respaldos haciendo caso omiso a la condena no firme. Para la Policía «era inocente». La decisión adoptada tras un exhaustivo análisis de los ministros del alto cuerpo, despejó las dudas sobre el desempeño del oficial en un caso que acumuló interrogantes desde su etapa instructoria.
La sentencia, que se extiende a lo largo de 19 fojas, puso de relieve una serie de deficiencias. Los jueces del STJ fueron contundentes al señalar que el tribunal de mérito, al momento de dictar la condena, realizó una valoración parcializada y sesgada de los elementos de convicción.
Para el máximo Tribunal, la evidencia presentada durante el debate oral no alcanzó el grado de «certeza necesaria» para derribar el principio constitucional de inocencia que ampara a todo ciudadano.
LAS GRIETAS EN LA ACUSACIÓN
El eje central del fallo radica en el desmembramiento de la plataforma fáctica sobre la cual se apoyaba el reproche penal. El STJ advirtió que los testimonios que fueron tomados como piedra angular para condenar al comisario mayor Ramos presentaban «inconsistencias insalvables» y, por momentos, entraban en contradicciones que quedaron de manifiesto durante el juicio oral.
«La duda razonable debe resolverse siempre en favor del imputado», recordaron los jueces en sus fundamentos, subrayando que, la falta de congruencia entre la prueba documental y las declaraciones orales transformó la condena en un acto arbitrario. La decisión implica un llamado de atención hacia el rigor probatorio que debe primar en las instancias inferiores.
Todo un significado
¿Qué significa revocar una condena? En términos técnicos, el STJ declara que la sentencia anterior fue arbitraria, sin fundamento. Al no existir pruebas suficientes que sostengan una acusación, el Estado pierde su potestad punitiva sobre el ciudadano.
De allí la importancia del control de Casación. Los abogados penalistas destacan que este tipo de fallos son vitales para la salud democrática. La función del STJ es actuar como última red de seguridad ante posibles errores judiciales que, de otro modo, significarían la privación ilegítima de la libertad.
De esta manera, ¿qué sigue para el Comisario Mayor? Con la firma de la resolución, el oficial se reivindica ante la sociedad, aunque lamentablemente la justicia llega tarde, cuando ya el Ministerio de Seguridad propicio su retiro, tras la decisión de Ramos que, con todo, y como con el caso del mayor Lugo podría ser algo más que una señal hacia el conjunto de la fuerza, hacia los productores y hacia la opinión pública en la que siempre queda la duda de los límites con que cuenta el accionar policial.
A partir de ahora, queda abierta la posibilidad de que la defensa inicie acciones civiles, aunque, el enfoque inmediato, ha sido el cierre de la etapa penal.
Este fallo se suma a una serie de resoluciones recientes en el sistema judicial correntino que prioriza la calidad de la prueba por encima de la presión mediática o política, reforzando la idea de que, en un Estado de Derecho, nadie puede ser condenado sin que la verdad sea demostrada más allá de toda duda razonable.
Una de las críticas que se venía haciendo al Superior era que, normalmente, las casaciones no registraban un porcentaje lógico de admisiones, y algo que quizás deba repensarse es la concesión del recurso extraordinario federal ante la Corte para que, en algunos casos, quede abierta la posibilidad del control de constitucionalidad que ejerce el más alto Tribunal de la Nación.
La conducta oficial
Otro punto que el STJ abordó con especial énfasis fue el contexto en el que se produjeron los hechos imputados. La defensa, que a lo largo de todo el proceso mantuvo la tesis de una causa armada o mal fundamentada, encontró eco en el tribunal superior, que entendió que las acciones del comisario se encuadraron dentro de lo que se espera de un funcionario policial en situaciones de emergencia. La sentencia pone un freno a lo que se ve como un «efecto persecutorio» contra las jerarquías policiales.
El peso del Superior
El caso del Comisario Mayor absuelto no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un período donde el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes viene revisando minuciosamente las sentencias del fuero penal, con el objetivo de elevar los estándares de fundamentación de los tribunales inferiores.