El flamante intendente de la localidad de San Isidro, Carlos Martínez determinó, mediante una resolución, declarar la emergencia financiera, económica, administrativa y sanitaria del la Municipalidad. La decisión tiene como argumento presuntos desmanejos de la administración anterior.
La resolución, publicada por el portar Power Noticias, indica “la existencia de una importante deuda con prestadores de servicios internos, como ser proveedores, existiendo atrasos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas”. Además, plantea que “las obligaciones asumidas por la gestión saliente superan ampliamente la posibilidad económica y financiera actual del municipio en el corto plazo”.
También, en el documento se expone la “emisión de deuda a corto y largo plazo mediante cheques de pago diferido, cuyo monto se desconoce en su totalidad”.
Como si lo anterior fuera poco, se acusa a la gestión anterior, que era encabezada por Vilma Ojeda, de administrar “información ambigua”, lo cual hace difícil “tener un panorama preciso de la situación real en la que se encuentra el municipio, con respecto a las obligaciones asumidas y pendientes de cumplimiento”.
Por todo lo anterior, se declaró la emergencia económica, financiera, administrativa y sanitaria de la Municipalidad de San Isidro “hasta que el Ejecutivo dicte el cese de la emergencia”.
Esa decisión, busca contener “el gasto público, renegociación o recisión de contratos, realizar una auditoria por medio de la contratación de los servicios de un estudio contable y/o a través del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes, para determinar respecto de las actividades y movimientos económicos, financieros y administrativos de los últimos 8 años”.
También se faculta a la Secretaría de Hacienda a realizar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias, se establece la creación de nuevas áreas y el “nombramiento del personal necesario para el normal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
Uno de los puntos más importantes de la declaración de emergencia, es la realización de un censo para “todo el personal municipal de jerarquía inferior a Director, en un plazo de 72 horas”.
“La no presentación de la ficha del censo supondrá abandono del puesto de trabajo de pleno derecho, incumplimiento gravísimo de sus obligaciones, haciéndolos pasibles de resolución del contrato en caso del personal contratado y cesantía en el caso del personal de planta permanente”.
Según publicó Power Noticias, la ex intendente desmintió las duras críticas realizadas por la flamante gestión.