En un escenario de recesión, caída de ventas y aumento de costos operativos, la Came y la Cámara de Comercio pidieron al ministro Caputo suspender las ejecuciones bancarias. Referentes de Corrientes también alertaron sobre el impacto letal de estas medidas en las economías del interior.
05-POLITICA-OK-1El complejo escenario económico que atraviesa la Argentina, caracterizado por una persistente contracción del consumo interno, la pérdida de rentabilidad y un incremento sostenido de los costos fijos, reactivó las alarmas en el motor productivo del país: las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
En este contexto de fragilidad financiera, la reciente ofensiva recaudatoria a través de embargos de cuentas bancarias y fondos a cobrar por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) encendió un fuerte reclamo sectorial a escala nacional, con un eco inmediato y preocupado en las provincias.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) formalizaron un pedido urgente ante el ministro de Economía, Luis Caputo, para que se suspendan temporalmente estas medidas coactivas y las multas a las firmas en crisis.
No se trata de un planteo aislado, sino de una luz de alerta que comparten los sectores del comercio, los servicios y la producción de todo el arco federal.
Desde Corrientes, el ex presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Jorge Gómez, respaldó institucionalmente la iniciativa y aportó una mirada realista sobre la delgada línea que separa la subsistencia del cierre definitivo en las empresas de la región.
DIFERENCIA
IMPORTANTE
El núcleo del reclamo no radica en la búsqueda de privilegios ni en la validación de la informalidad fiscal, sino en una cuestión de estricta supervivencia y proporcionalidad de las herramientas del Estado.
Mientras que para una gran corporación un embargo de cuentas representa una complicación en su flujo de caja, para una estructura MiPyme del interior del país se traduce en la parálisis total de su ciclo operativo básico.
«Para una gran empresa, un embargo puede ser una dificultad financiera. Para una Pyme puede significar directamente no poder abrir al día siguiente», advirtió el referente de la FEC.
«Cuando se inmoviliza de forma preventiva la cuenta de una pequeña estructura, se afecta de manera inmediata el pago de salarios, la reposición de mercaderías con proveedores y la continuidad misma del negocio», remarcó.
Contraproducente
El descontento generalizado apunta a que, al bloquear el acceso al capital de trabajo en momentos de nulo acceso al crédito y con tasas de interés elevadas, la estrategia del fisco nacional termina asfixiando al contribuyente. Se trata de un sector que manifiesta voluntad de regularizar su situación, pero que carece de la liquidez inmediata para hacerlo bajo las condiciones actuales.
El factor multiplicador del empleo en Corrientes
La preocupación de los empresarios correntinos adquiere un tinte mucho más severo al analizar el entramado productivo provincial y del resto del interior argentino. A diferencia de las grandes metrópolis, la economía correntina está sostenida de manera casi exclusiva por empresas familiares, pequeños comercios, transportistas, prestadores de servicios e industrias regionales vinculadas al agro y la forestación.
En estas comunidades, el quiebre de una Pyme no se limita a un mero dato estadístico de la recaudación fiscal:
• Afecta de forma directa puestos de trabajo formales difíciles de reconvertir en el mercado local.
• Rompe cadenas de pagos locales que impactan sobre otros proveedores de la zona.
• Contrae el consumo vecinal, lo que termina deprimiendo la recaudación de tasas municipales y de los impuestos provinciales.
Por ello, la dirigencia empresarial local insiste en separar nítidamente la persecución de la evasión genuina del auxilio al comerciante ahogado por la coyuntura.
Recaudar sin destruir la base imponible
El debate de fondo que introduce la crisis actual es la razonabilidad económica de la política fiscal en tiempos de recesión.
Los representantes del sector privado coinciden en que el Estado tiene el derecho y la obligación de percibir sus acreencias, pero advierten que aplicar mecanismos de pinzas sobre las Pymes es una estrategia de corto plazo que atenta contra las propias arcas públicas a futuro.
El consenso entre las entidades nacionales y los referentes provinciales señala que la salida requiere de «oxígeno» y previsibilidad: la implementación de moratorias o planes de pago más amplios, la reducción de las tasas de interés resarcitorio y la habilitación de ventanas de tiempo que permitan a las empresas facturar para poder pagar.
En definitiva, la premisa que hoy sobrevuela los despachos oficiales es clara: una Pyme que permanece abierta sostiene empleo, consume e intenta ponerse al día; una empresa con la persiana baja no tributa más, destruye valor y traslada un problema social directo a las calles.