La Justicia correntina dio este martes un paso decisivo en la causa por el asesinato del peón rural Ariel Agustín Santa Cruz, cuyo crimen sacudió a la pequeña localidad de Berón de Astrada a fines de abril. La jueza de Garantías, María Agostina Falcione, dictó la prisión preventiva de Maikon Samuel Viera, de 18 años, el único imputado en el caso –que estaba detenido desde el sábado pasado– y ordenó su traslado inmediato a la Unidad Penal N° 6 – Cárcel de Procesados Varones “General San Martín” de Corrientes.
La medida fue adoptada este martes, poco después del mediodía, una vez cumplido el plazo máximo de 72 horas que establece el artículo 230 inciso b del Código Procesal Penal, contadas desde la detención de Viera, efectuada el pasado sábado 16 en virtud de una orden judicial.
Según explicaron fuentes consultadas por EL LIBERTADOR, “la prisión preventiva se dictó sin plazo; es decir, hasta tanto la fiscalía o la defensa soliciten que se modifique la medida de coerción de prisión preventiva por otra, en caso de que los riesgos procesales que motivaron su dictado desaparezcan”.
UNA DECISIÓN QUE LA COMUNIDAD ESPERABA
La resolución de la jueza Falcione llega en un contexto de profunda tensión institucional. Apenas horas después del crimen, Viera -que convivía en el entorno familiar de la víctima- habría confesado el hecho ante los investigadores, quienes actuaron con eficacia. Sin embargo, el 30 de abril, la jueza de turno, María Cristina Sánchez, lo había liberado “por falta de pruebas”, una decisión que generó estupor y repudio generalizado en el pueblo.
Ante ello, la familia de Santa Cruz reclamó justicia de inmediato, y la comunidad respondió organizando una pueblada frente a la comisaría local, en una demostración contundente de que en Berón de Astrada no estaban dispuestos a tolerar la impunidad en silencio. La imagen de la población volcada a las calles para exigir lo que la Justicia -al menos en primera instancia- había fallado en garantizar, quedó grabada en la memoria colectiva de la localidad.
EL ROL DE LA FISCALÍA Y EL RIESGO DE FUGA
Fue la fiscal María Andrea González, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 3, quien insistió por segunda vez ante la Justicia para lograr la detención de Viera. En esta oportunidad, la jueza Falcione (que había tomado la causa tras la controvertida resolución inicial) hizo lugar, el pasado sábado, al pedido que su colega Sánchez había desestimado.
En el escrito presentado, la Fiscalía fundamentó su solicitud no solamente en las serias sospechas de autoría del delito, sino también en la existencia de un riesgo concreto de fuga: “La detención solicitada se funda no solamente en aquellas serias sospechas de participación como autor del delito, sino también atendiendo la gravedad del delito que se le atribuye y, dada la pena en expectativa muy alta, existe un inminente peligro de fuga que torna necesaria la inmediata adopción de la medida”, se expuso entonces desde la Fiscalía.
IMPUGNACIÓN Y CAUSA ABIERTA
Sin embargo, la resolución no está firme. Según pudo saber EL LIBERTADOR, el abogado defensor de Viera presentó la impugnación de la prisión preventiva dictada este martes, por lo que serán los jueces de Revisión quienes deberán definir si la medida queda confirmada o no.
No obstante, se aclaró que dicha impugnación no tiene efecto suspensivo: de acuerdo con el artículo 410 del Código Procesal Penal, Maikon Viera permanecerá detenido hasta tanto se produzca alguna otra resolución judicial en contrario.
EL CRIMEN QUE MOVILIZÓ A TODO UN PUEBLO
El hecho que desencadenó este proceso judicial y social se produjo el 29 de abril, cuando el cuerpo de Ariel Agustín Santa Cruz, de 38 años, fue hallado sin vida en un sendero rural del paraje Toro Pichay, en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 15. El cadáver presentaba signos evidentes de tortura y dos impactos de bala en la cabeza. Las sospechas recayeron, desde el primer momento, sobre Viera, un joven que integraba el entorno cercano de la víctima.
A partir de entonces, la causa se convirtió en el epicentro de un debate que trasciende lo estrictamente judicial: en juego está la confianza de una comunidad pequeña en sus propias instituciones y la capacidad del sistema para responder a la demanda de justicia de quienes más la necesitan.
