La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez, emitió un dictamen en el que enumera una serie de irregularidades en el proceso licitatorio en curso para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida popularmente como la Hidrovía Paraná-Paraguay.
El documento fue presentado ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo Guillermo Marijuan, en el marco de la causa CFP N° 478/2025. La PIA advierte que las fallas detectadas podrían configurar reproches de naturaleza administrativa y, eventualmente, derivar en responsabilidades penales.
Qué se licita y por qué importa a Corrientes
La licitación en cuestión —Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025— fue convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) en diciembre de 2025. Su objeto es concesionar, bajo el régimen de obra pública por peaje, las tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la vía navegable comprendida entre el kilómetro 1238 del río Paraná —denominado «Confluencia», punto ubicado frente a la ciudad de Corrientes, donde el río Paraguay desemboca en el Paraná— y la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata.
Se trata de la arteria fluvial más importante de la Argentina: conecta los puertos y terminales del interior del país con el océano Atlántico, y es estratégica para la exportación de granos, minerales y manufacturas de toda la región del NEA.
Un proceso con antecedentes cuestionados
No es la primera vez que la PIA interviene en este expediente. El organismo ya había emitido dictámenes observando licitaciones anteriores por las mismas razones: en 2022 y en 2024, los procedimientos fueron dejados sin efecto —en parte como consecuencia de esas advertencias— por haberse recibido una única oferta en cada caso, lo que evidenció problemas en las condiciones del pliego que desalentaron la competencia.
La licitación actual, la N° 1/2025, repite según la PIA algunas de las mismas falencias que ya habían sido señaladas oportunamente.
Las irregularidades detectadas
El dictamen identifica un conjunto de fallas que abarca tanto el proceso de participación ciudadana como el contenido de los pliegos licitatorios.
En materia ambiental, la PIA señaló el incumplimiento de la Ley 27.566, que aprueba el Acuerdo de Escazú, en lo referido al acceso a la información durante la Audiencia Pública Informativa celebrada el 3 de noviembre de 2025 a través de la plataforma Zoom. La ANPYN puso a disposición de la ciudadanía más de 9.000 páginas de documentación en un plazo que apenas superó en cinco días el mínimo legal, lo que impidió, según la Procuraduría, una participación ciudadana real y efectiva. Varios expositores durante la propia audiencia señalaron esa situación: para procesar el volumen de información disponible, un ciudadano debería haber leído más de 300 páginas por día durante un mes. Adicionalmente, la PIA advirtió la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental, requisito que no fue suplido por el informe de gestión ambiental presentado.
En cuanto a los pliegos, el dictamen observó: condiciones que habilitan la cesión del contrato sin resguardos suficientes para el Estado; una cláusula anticorrupción redactada de manera inadecuada; restricciones a la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes; limitaciones a la participación de ciertas formas societarias; distorsiones en el sistema de evaluación de ofertas; y deficiencias en las intervenciones del servicio jurídico permanente de la propia ANPYN.
A eso se suma la falta de justificación para una deuda pendiente con los acreedores actuales de la VNT, cuestión que también había sido señalada en dictámenes anteriores.
La PIA recibió presentaciones de organizaciones ambientalistas, potenciales oferentes, consorcios portuarios y un grupo de diputados nacionales, todos señalando irregularidades en el proceso. También llegó una denuncia formal de la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
El posible direccionamiento
Entre las denuncias recibidas por la Procuraduría, varios potenciales oferentes señalaron que el proceso podría estar orientado a favorecer a la empresa que actualmente realiza las tareas de dragado de la vía troncal, aunque el dictamen no llega a formular esa conclusión de manera definitiva. La PIA limita su pronunciamiento a señalar que las condiciones del pliego, tal como están redactadas, pueden restringir la competencia efectiva.
El estado actual del proceso
Al cierre de este informe, la licitación N° 1/2025 se encuentra en trámite. El dictamen de la PIA fue remitido a la Justicia Federal para que el fiscal Marijuan evalúe las medidas pertinentes en el marco de la causa en curso. La ANPYN no emitió respuesta pública al documento.