La Municipalidad de Corrientes confirmó que aplicará sanciones económicas a las firmas Ersa y Transporte San Lorenzo ante la interrupción de las prestaciones después de las 22, que se aplica hace 10 días. De todas formas, se mantiene el pedido de prórroga de la concesión anunciado por Polich a fin de sostener su prestación y evitar la parálisis total del sistema, mientras se evalúa su continuidad a largo plazo.
03-POLITICA-2El conflicto del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes alcanzó un nuevo punto de tensión institucional. Tras haber transcurrido diez días de un esquema de circulación restringida que deja a miles de usuarios sin movilidad durante la noche, desde la Municipalidad de Corrientes decidieron jugar una carta un poco más fuerte: advirtieron que se impondrán multas a las firmas concesionarias Ersa (Empresa Romero Sociedad Anónima) y Transporte San Lorenzo, por el recorte unilateral del servicio, una medida que rige desde la noche del viernes 27 de marzo y que alteró la dinámica cotidiana de trabajadores y estudiantes.
La determinación de la gestión municipal liderada por el intendente Claudio Polich e implementada a través de la Secretaría de Movilidad Urbana, a cargo de Yamandú Barrios, surge ante la persistencia de una medida empresarial que, bajo el argumento de la crisis de costos, mantiene las unidades guardadas en los galpones entre las 22 y las 6 del día siguiente.
Acerca de esta situación, desde la Municipalidad señalaron que la prioridad absoluta es garantizar la continuidad de la prestación para los pasajeros: «Esta instancia brindaría el tiempo necesario para analizar alternativas y definir un esquema más eficiente, priorizando la continuidad del servicio para los vecinos», expresaron fuentes municipales al referirse al proceso de sanción y control iniciado contra las prestatarias.
PRÓRROGA E INCERTIDUMBRE
Esta decisión de sancionar a las empresas se produce apenas 48 horas después de que Polich brindara definiciones sobre el futuro del sistema. Como antecedente inmediato a este endurecimiento de los controles, el Intendente había anunciado que el Municipio solicitará formalmente una prórroga de la concesión vigente.
Esta medida busca dar un marco de legalidad a la prestación mientras se avanza en la revisión de los pliegos que están próximos a vencer, en un contexto donde la sostenibilidad financiera del transporte está bajo fuego cruzado entre Nación, Provincia y Municipio.
En sus declaraciones recientes, Polich no ocultó su preocupación por el desequilibrio en el reparto de recursos federales, un factor que las empresas utilizan para justificar los recortes. «El pliego vence en estos días y vamos a pedir una prórroga para poder darle el tratamiento necesario», había explicado el Intendente, al subrayar la importancia de sostener el sistema ante la incertidumbre actual.
Al mismo tiempo, el titular del Departamento Ejecutivo Municipal cuestionó con dureza la política nacional de subsidios, al señalar que el interior se ve perjudicado frente al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), lo que genera una presión insostenible para las jurisdicciones locales.
El origen de la medida
Para comprender el presente de la crisis, es necesario remitirse a los hechos ocurridos el último fin de semana de marzo, cuando la medida se ejecutó de manera sorpresiva. El sábado 28, EL LIBERTADOR había publicado la primicia de la confirmación de que el corte del servicio desde las 22, iniciado el día anterior, continuaría por tiempo indeterminado durante la noche. Aquella decisión, ratificada por las firmas Ersa y Transporte San Lorenzo, fue presentada como la única salida ante «la falta de recursos operativos y el elevado costo del combustible», según habían argumentado sendas prestatarias. En aquel momento, la incertidumbre se apoderó de las paradas de colectivos, donde miles de ciudadanos quedaron a la deriva sin preaviso alguno.
NO FUE GREMIAL
En ese contexto, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes, José Sabao, había remarcado, en diálogo con EL LIBERTADOR, que los trabajadores no tenían responsabilidad alguna en esta parálisis. «Te explico que esto no es una medida de fuerza porque no fue convocada por la UTA, ni por el gremio, ni por los trabajadores», había dicho en esa ocasión.
Asimismo, el dirigente gremial relató que la noticia fue una sorpresa incluso para el personal de las empresas prestatarias. «Nosotros nos enteramos por parte de los compañeros y le pedí una explicación a la empresa, y recién ahí nos respondieron qué decisión habían tomado; así que nosotros, de manera sorpresiva, también nos enteramos ayer», detalló Sabao en ese entonces, al referirse a aquellas primeras horas del recorte en el servicio, el viernes 27 de marzo.
Argumentos de una crisis estructural
La respuesta de las empresas al gremio y al Municipio se centró siempre en la imposibilidad de sostener las frecuencias en horarios de baja recaudación. Según explicaron las firmas en aquel entonces, el objetivo de retirar los micros a las 22 era estrictamente financiero, en búsqueda de un ahorro en el consumo de gasoil para poder garantizar la circulación en las horas pico. Sin embargo, para los usuarios y para el propio órgano de contralor, esta medida representa una herramienta de presión política.
Consultado sobre las explicaciones recibidas por parte de la patronal, el titular de la UTA fue directo al transmitir los argumentos empresarios. «Es una decisión netamente de la empresa debido a la crisis que dicen ellos que están atravesando, como para ahorrar combustible y demás, después de las 22», fueron las declaraciones del gremialista en aquel momento.
Asimismo, el dirigente había advertido que la situación no era algo pasajero, sino que se mantendría firme hasta que mediara una solución de fondo por parte de las autoridades de aplicación.
«Esto es por tiempo indeterminado, hasta que intervenga el órgano que corresponda», sentenció entonces el representante de los trabajadores, anticipando la intervención municipal que se concreta hoy con la aplicación de multas, tanto a Ersa como a Transporte San Lorenzo.
El polémico rol de contralor
Con la confirmación de las multas, la gestión municipal liderada por Polich busca recuperar autoridad frente a las concesionarias. Sin embargo, el trasfondo de la cuestión sigue ligado a la renovación de los contratos y a la discusión por los subsidios nacionales que el propio Intendente puso en agenda hace dos días.
Con respecto a la resolución final de este escenario, todo dependerá de la capacidad de las autoridades para exigir el cumplimiento de las frecuencias mientras se negocia la prórroga del sistema. Por ahora, el «toque de queda nocturno» sigue siendo el principal obstáculo para la normalización de la vida urbana en la Capital, mientras que el Municipio endurece su postura legal para forzar el retorno de las unidades a las calles durante las noches.