Desde el primer minuto de hoy, entró en vigencia en todo el ámbito de la ciudad de Corrientes el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia, por lo que ese fuero abandonó el sistema mixto para pasar al acusatorio adversarial. Para permitir la implementación de este nuevo esquema, ayer quedó inaugurada la sede capitalina de la Oficina Judicial (Ofiju), ubicada en un moderno edificio que se encuentra sobre la calle Jujuy 848.
El nuevo Código fue convertido en ley por la Legislatura provincial el 7 de noviembre de 2019. Tres años después, con su puesta en marcha en la Capital, ya está vigente en toda la provincia, cumpliendo así con el plazo establecido en la norma que lo creó.
PRINCIPIOS
La nueva norma tiene como objetivos centrales la resolución de conflictos penales con celeridad puesto que los plazos son muy cortos. Además levanta como estandartes nueve principios y el primero de ellos es la oralidad, es decir que los planteos que realizan las partes son resueltos por el Juez en audiencia.
El segundo principio es la igualdad entre las partes, ya que todos los litigantes tienen las mismas oportunidades de actuación dentro del proceso, sin que ninguno se encuentre en posición de inferioridad respecto de los demás.
Luego está la publicidad, es decir que las audiencias serán abiertas al público, salvo que se presente alguna de las excepciones previstas legalmente.
La contradicción es el cuarto principio y es un método de conocimiento para el descubrimiento de la verdad, en el que las partes desde posiciones equivalentes plantean su visión del caso al Juez o tribunal, que decidirá con imparcialidad.
En quinto lugar está la concentración, que plantea que debe desarrollarse la mayor actividad procesal posible en las audiencias.
La inmediación es el sexto principio y refiere a que la prueba debe ser producida por las partes en presencia de los jueces que luego adopten las decisiones.
En séptimo lugar está la simplicidad y celeridad, indicando que las etapas del proceso tendrán plazos breves y se desarrollarán de manera ágil y dinámica, sin demoras innecesarias, procurando únicamente obtener la información útil para la solución del caso.
El octavo principio rector es la desformalización, planteando que las investigaciones se llevarán a cabo sin ritos excesivos que atenten contra la eficacia de las medidas adoptadas.
Por último, se apela a sentencias en lenguaje claro.
Vale mencionar que los escritos se reducen de modo sustancial a cuatro: órdenes de allanamiento, imputaciones de la Fiscalía de investigación, sentencias y cómputos de la pena. En relación a las sentencias, el magistrado debe dar una explicación oral a las partes y redactarlas en lenguaje claro.
Con la implementación de la nueva norma en la Capital, toda la provincia pasó del viejo sistema mixto al acusatorio adversarial. Se reconfiguraron de ese modo los roles del proceso penal de las tres partes que intervienen en el mismo: el Juez, la defensa y la Fiscalía. Se lo llama acusatorio porque otorga al Ministerio Público Fiscal las herramientas para avanzar en la investigación, en tanto que el Juez observa el proceso de forma imparcial. Y adversarial por la oposición entre el defensor, que busca el cumplimiento de las garantías de las personas imputadas, y el Fiscal, que lleva adelante la acusación.
OFIJU
Para la implementación del nuevo Código, se creó la Ofiju, que tiene sedes en distintos puntos de la provincia y que en la Capital funciona en un nuevo y moderno edificio inaugurado ayer en la calle Jujuy 848, que demandó una inversión de aproximadamente 500 millones de pesos por parte del Poder Judicial. El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri recibió ayer a la prensa en el nuevo edificio y brindó una recorrida por sus instalaciones, donde además de los despachos de los jueces y oficinas para el personal, hay tres salas de audiencia y una Cámara Gesell.
La Ofiju es un organismo nuevo en el Código que posee independencia funcional de carácter instrumental. Esto quiere decir, que concentra la administración de los procesos penales y sirve de soporte y apoyo a la actividad de los magistrados. Sus integrantes llevan adelante los legajos -antes llamados expedientes- y trabajan en contacto directo con la Policía provincial.
En Capital estas oficinas cuentan con 31 técnicos administrativos y profesionales que nuclean la tarea de todo el fuero penal de la ciudad.
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