Proponen incorporar perros para asistir a niños en estrados judiciales

Los diputados Eduardo Hardoy y Natalia Romero impulsan la creación, por ley, de un programa de apoyo emocional. Buscan que, a la hora de declarar, los niños cuenten con compañía de canes especialmente adiestrados, para, de esa manera, «generar una situación que les permita adquirir confianza en sí mismos y en el entorno, y un estado de ánimo de tranquilidad frente a este tipo de situaciones», fundamentaron.

La Cámara de Diputados dio curso a una propuesta legislativa con la que se busca transformar la experiencia de los menores de edad dentro del sistema judicial provincial. El proyecto, impulsado por los diputados Eduardo Hardoy y Natalia Romero, pertenecientes al bloque del Partido Liberal (PL), plantea la creación del programa de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes en el marco del proceso judicial. La iniciativa tiene como eje central la incorporación de perros de asistencia especialmente adiestrados para acompañar a las víctimas o testigos menores de edad durante las audiencias y declaraciones testimoniales que se desarrollen en los estrados.

HUMANIZAR EL
PROCESO JUDICIAL

El proyecto (expediente N° 19.711) se fundamenta en la necesidad de reducir los niveles de hostilidad que suelen presentar los entornos tribunalicios para la infancia. Al referirse a los aspectos que los llevaron a impulsar esta norma, los autores destacaron que la Justicia se encuentra ante el doble desafío de impartir decisiones con celeridad y, al mismo tiempo, humanizar el proceso para evitar traumas adicionales. En los fundamentos de la ley, Hardoy manifestó que la compañía de un can busca «generar una situación que les permita adquirir confianza tanto en sí mismos como en el entorno, y un estado de ánimo de tranquilidad frente a este tipo de situaciones», que habitualmente resultan estresantes.

ANTECEDENTES
GLOBALES

Este modelo de asistencia no surge de una improvisación, sino que se basa en experiencias exitosas desarrolladas en varios países del mundo. El uso de perros en el ámbito judicial fue pionero en Estados Unidos hacia el año 2003, bajo la dirección de la especialista Ellen O’Neill-Stephens, y su implementación se extendió progresivamente a países como España y Chile.
En el ámbito nacional, diversas provincias argentinas han comenzado a replicar esta herramienta técnica basándose en estudios que prueban que el contacto físico con un animal disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca en las personas.
Al subrayar la importancia del vínculo animal-humano, Romero señaló que estos factores son clave «para que el testimonio del niño sea más veraz y fluido en un ambiente relajado».

Entrenamiento especial y objetivos centrales

Los canes que integren este programa deberán ser cuidadosamente seleccionados y entrenados por especialistas idóneos en la materia. Su función primordial consistirá en permanecer junto al declarante de forma tranquila, permitiendo que el menor pueda tocarlos o acariciarlos según su estado de ánimo o necesidad emocional.
Los objetivos fijados en el articulado apuntan a contrarrestar las emociones negativas y facilitar la expresión de sentimientos, disminuyendo sustancialmente la posibilidad de una victimización secundaria. Con respecto a la operatividad, la norma aclara que el perro no tiene un rol activo en la indagatoria, sino que funciona como un estímulo potente para brindar seguridad emocional y mejorar el control de los impulsos durante el relato.

IMPLEMENTACIÓN

El proyecto estipula que el esquema contará con un instructor y al menos dos perros de asistencia, cuya presencia podrá ser solicitada de oficio por la autoridad judicial o a pedido de los representantes legales del menor involucrado. Asimismo, se prevé una etapa previa de actividades lúdicas para que el niño y el animal establezcan un vínculo de confianza antes de ingresar a la audiencia.

Autoridad de aplicación

De aprobarse la iniciativa parlamentaria, la autoridad de aplicación del programa será el Superior Tribunal de Justicia, organismo provincial que deberá dictar las disposiciones reglamentarias para su puesta en funcionamiento.
Por otra parte, se estipuló que el financiamiento de la medida se imputará a las partidas presupuestarias del Poder Judicial.