La decisión del fiscal, Raúl Pasetto, de archivar la causa por el presunto abuso sexual de una perra rescatada en la ciudad de Corrientes provocó indignación generalizada, en un caso que había generado repercusión tras el operativo municipal que permitió asistir al animal.
El hecho se viralizó en redes sociales y a partir de la denuncia de una vecina, la Municipalidad de Corrientes intervino en una vivienda del barrio Pirayuí. En el lugar, se retiró a una perra de nombre Alita que presentaba signos de haber sido abusada. El animal fue trasladado a una veterinaria para recibir atención sanitaria.
El procedimiento se llevó adelante con la participación de la Dirección General de Promoción, Derecho y Bienestar Animal municipal y profesionales veterinarios. En ese sentido, la intervención se concretó a partir del compromiso vecinal y la rápida respuesta de las autoridades, lo que permitió resguardar la integridad del animal, según detallaron desde el Municipio.
La causa continuó su curso en el ámbito judicial, y esta semana se conoció la resolución del fiscal interviniente, quien dispuso archivarla. Según trascendió, el acusado nunca estuvo detenido.
REPUDIO
La decisión generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones proteccionistas que reclamaron la nulidad de medidas para salvaguardar al animal. Fue así que desde la organización animal Mis Huellas difundieron un comunicado en el que expresaron su rechazo al criterio adoptado por el fiscal.
«Nos dirigimos a la opinión pública y todas las personas que se han hecho eco del sufrimiento de Alita, para expresar nuestro más enérgico repudio al criterio del fiscal en la causa de abuso sexual hacia Alita, que ha decidido no dar lugar a la denuncia por abuso sexual a un animal sintiente», inicia el escrito publicado en redes sociales, junto a fotos que evidencian que el individuo atacó sexualmente al can.
Asimismo, el comunicado resalta el hecho de que «la Justicia debe ser imparcial y proteger a todos los seres vivos, sin importar su especie. El abuso sexual a un animal es un acto de violencia y crueldad que no puede ser tolerado en nuestra sociedad».
Con ese panorama, desde la organización hicieron hincapié en que «la decisión del fiscal es un retroceso en la lucha por los derechos de los animales y envía un mensaje equivocado a la sociedad. Es inaceptable que se minimice la gravedad de este delito y se ponga en duda la capacidad de los animales para sentir dolor y sufrimiento», y exigieron que «se revise esta decisión y se tomen las medidas necesarias para proteger a los animales de la violencia y el abuso. La Justicia debe ser justa y equitativa para todos, incluyendo a los seres más vulnerables».
Cuestionamientos y un caso que promete más capítulos
El caso, que generó un sinnúmero de reacciones de usuarios en redes sociales que manifestaron su indignación, volvió a poner en discusión la respuesta judicial ante denuncias de maltrato y crueldad animal. La resolución, que dejó sin efecto la investigación, profundizó el malestar y sumó cuestionamientos de distintos sectores. En ese contexto, el archivo inicial de la causa no sólo amplificó el rechazo, sino que también abre un escenario de posibles nuevos pronunciamientos y repercusiones en los próximos días.

