La Nación distorsiona y discrimina, y los delegados correntinos hacen de anestesistas del centralismo hegemónico.
Los que doblan la manguera de oxígeno a los Correntinos, preguntan por qué pasa poco oxígeno y se vuelven comentaristas de un relato.
El Gobierno nacional, los Gobernadores del Norte Grande, en especial Formosa, Chaco y Corrientes, vienen reclamando la falta de inversión de 600 millones de dólares en el sistema interconectado nacional de energía, que suministra a la región.
Lo cierto es que el costo de la energía en el interior del país es sustancialmente más costoso, configurando una discriminación.
Esto tiene varias causas, una normativa, y que el sistema nacional interconectado establece el punto cero a Ezeiza-Buenos Aires, lo que hace que la energía sale de los centros de producción de Yacyretá, Salto Grande, Chocón, viaja a Ezeiza y luego se distribuye, pagando las provincias peajes y pérdidas técnicas que la hacen aún más costosa.
Segundo, cuando hacen la fórmula de la demanda y cantidad de población, se le abarata la tarifa al Amba (gran Buenos Aires y Caba).
Y tercero, los 10.000 millones de dólares de subsidios en general, por energía de distintos orígenes, el 80 por ciento del Presupuesto nacional es en el Amba.
Máximo Kirchner, ex presidente del bloque de diputados nacionales de la bancada oficialista, entre las leyes que mencionan en renuncia de su gestión, es la ley de subsidios al gas para la Patagonia, y omite decir que bloqueó para el Norte Grande, en especial el Nordeste (Chaco, Corrientes Misiones y Formosa), el abaratamiento de la tarifa eléctrica por el calor extremo persistente en la región, con la asimetría que es una necesidad su consumo, no es un lujo.
Debemos realizar un debate nacional para cambiar la Ley 25.604 (ley Cammesa), para cambiar el paradigma neoliberal y anti federal de dicha ley, que viene de la época Menem-Cavallo.
Debemos discutir los subsidios no sustentables, sectoriales e injustos de la Argentina central, que van en detrimento del conjunto y ver cómo se maneja la transición con políticas diferenciales que armonicen un país con desarrollo desigual.
Debemos analizar cómo frenamos la inflación, que es el impuesto a los vulnerables y que se queda con el 100 por ciento la Nación. En la Argentina, en la década del 70 se tenía 5 por ciento de pobres con menor desigualdad, y hoy tenemos 50 por ciento de pobres y más desigual, este es el debate pendiente.
La Constitución nacional, en el artículo 75, inciso 19, se establece para recuperar el federalismo, el cual no cumple el Gobierno nacional, dice «proveer al crecimiento armónico de la Nación, al poblamiento de su territorio, promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones».
Esta es la palanca para reequilibrar las asimetrías y se llama cláusula para «el progreso», y los legisladores nacionales del oficialismo nacional creen que es un adorno.
Además, porque el Nordeste es la única región que no tiene gas para el consumo y la industria se está volviendo menos competitiva en Corrientes. Con nuestra región discriminada, sabiendo que no se le puede transferir esas discriminaciones al usuario, es la base del triángulo poblacional de consumo, que financia la tarifa social a 90.000 usuarios de la Dpec, incluyéndolo en tarifas subsidiadas sociales sobre 240.000 cuentas de usuarios.
Los costos operativos, más la factura Cammesa, más la inflación, colocan en el dilema a la Dpec de transferir al usuario (hasta que se reviertan las distorsiones) tarifas que cubran los costos, cuidando la tarifa social a 400.000 correntinos.
Por Noel Breard. Senador
provincial de la UCR.
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