El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a representantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales y de la Federación Universitaria Argentina (FUA), presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley destinado a proteger el financiamiento de las universidades públicas. El texto fue elaborado de forma conjunta por estos tres sectores.
La diputada nacional Danya Tavela, una de las impulsoras del proyecto, explicó que se trata de una propuesta integral que contempla “la actualización de los gastos de funcionamiento, los salarios, las becas y las partidas destinadas a ciencia y tecnología”. Además, el anteproyecto establece metas de inversión plurianuales y mecanismos de negociación colectiva.
Tavela señaló que el objetivo es garantizar “previsibilidad” a las instituciones universitarias en el segundo semestre del año. A su vez, afirmó que “el aumento presupuestario que solicitan las universidades no es más que el reconocimiento de la pérdida por inflación, tanto en términos salariales como en los gastos de funcionamiento”
CONTEXTO FISCAL Y CRISIS PRESUPUESTARIA
El presidente del CIN, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, detalló que el proyecto de ley no implica la creación de nuevos impuestos ni compromete el equilibrio fiscal. “Lo que estamos pidiendo es volver a los valores históricos que Argentina ha invertido en educación superior, y mejorarlo”, expresó.
Alpa recordó que el sistema universitario enfrenta una fuerte reducción de fondos debido a la prórroga del presupuesto 2023 y al veto presidencial de una ley de financiamiento aprobada en 2024. “Los primeros cuatro meses hemos recibido un tercio menos que en los meses anteriores, y cuando digo un tercio, no lo digo en términos reales sino nominales”, precisó.
En el caso de la Universidad Nacional de La Pampa, Alpa ejemplificó que pasaron de recibir 300 millones de pesos mensuales a solo 200 millones, mientras que los costos de funcionamiento crecieron al ritmo de la inflación. El artículo 2 del proyecto exhorta al Poder Ejecutivo a fortalecer los programas de bienestar estudiantil.
RECLAMOS SALARIALES Y PARITARIAS GARANTIZADAS
Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, advirtió que la situación salarial de docentes y no docentes es crítica y comparable a los años 2001-2002. “Acumulamos una pérdida de más del 30% del poder adquisitivo con respecto a noviembre del año 2023”, subrayó.
Staiti indicó que las últimas recomposiciones salariales fueron otorgadas por decreto, sin negociación paritaria, y quedaron por debajo del índice inflacionario. Por este motivo, el anteproyecto propone que por ley se convoque a paritarias cada tres meses, con una actualización mensual que no sea inferior a la inflación publicada por el INDEC.
Según lo previsto en el artículo 3, todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, e incorporado plenamente al salario básico según la convención colectiva vigente. La dirigente sindical valoró la construcción de consensos entre los distintos sectores de la comunidad universitaria que hicieron posible el texto.