En las últimas jornadas, se viralizaron videos e imágenes de cauces literalmente secos en diferentes puntos del territorio correntino. Se combinan variables peligrosas que colaboran para un verano desastroso. La acción del hombre, con emprendimientos agropecuarios que no respetan medidas ambientales, en conjunción con el embate climático conforman un caldo de cultivo que pondrá en jaque a las administraciones de gobierno.
Es que tanto Nación como Provincia observan un horizonte preocupante no sólo en su efecto fáctico con posibles incendios (como los de principio de este 2022) y mortandad de ganado o devastación de plantaciones, sino que, además, la continuidad de la seca puede generar pérdidas enormes en lo que son los saldos exportables y la balanza comercial, de manera que los planes económicos podrían sufrir severas alteraciones.
Los efectos en la economía serán ineludibles, por lo que -por estas horas- en el Gobierno provincial planearían extender la emergencia durante todo 2023. A la vez, se contemplaría la opción de convocar a sesiones extraordinarias en la Legislatura, para asegurar la medida señalada y añadir cualquier otro ítem necesario para contrarrestar los impactos venideros. Además, se aprovechará para abordar la designación del Defensor del Pueblo.
El río Corriente seco (ver las gráficas) representa una muestra cabal de lo que se avecina. A ello, habrá que sumar la desaprensión de muchos productores en cuanto a la quema de pastizales que ya provocaron que más del 10 por ciento del territorio provincial fuera incendiado.
Con todo esto, Nación también se ve obligado a actuar en consecuencia, para evitar el ralentizado accionar de enero y febrero que además incluyó pleitos de tinte político que sólo ayudaron a obstaculizar la correcta lucha contra el fuego.
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