En una resolución de extrema gravedad institucional y de alto impacto para la Provincia, el Consejo de la Magistratura de la Nación dio un paso decisivo contra la conducción del Juzgado Federal de Goya. Según confirmaron fuentes del organismo a EL LIBERTADOR, la Comisión de Acusación aprobó por unanimidad aplicar el artículo 20 de su reglamento a la jueza Cristina Pozzer Penzo, citándola a indagatoria para el próximo 14 de agosto.
La medida, propuesta inicialmente por el consejero Álvaro González, contó con el respaldo unánime de los integrantes de la comisión: Alberto Maques, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Luis Juez, César Grau y Gonzalo Roca. Sobre la magistrada pesan gravísimas denuncias que van desde el maltrato laboral sistemático hacia el personal de su juzgado y el abuso de autoridad, hasta la violación del secreto profesional.
Para complejizar aún más su frente judicial, el consejero César Grau solicitó formalmente que se incorporen al expediente las denuncias presentadas contra Pozzer Penzo por presunto mal desempeño en la investigación del «Caso Loan», la causa por la desaparición del menor Loan Danilo Peña que mantiene en vilo al país.
LA REMOCIÓN EN LA MIRA
La gravedad del escenario que enfrenta Pozzer Penzo quedó expuesta de manera descarnada por Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. El referente gremial, cuyos representados han sido las principales víctimas del maltrato denunciado en el juzgado goyano, detalló la estrategia de fondo y la hoja de ruta procesal que se activó en el Consejo de la Magistratura.
«Hoy sale de acusación. Todo el fundamento es para el Jury de Enjuiciamiento por la remoción, por mal desempeño», reveló Piumato, confirmando que la mira está puesta en desplazar a la magistrada de su cargo.
El líder sindical explicó los pasos técnicos que se sucederán tras esta histórica jornada: “Con esta decisión de la Comisión de Acusación, Pozzer Penzo es llamada a declaración indagatoria (artículo 20) que se produciría (su declaración) a mediados de agosto. Una vez que declare, la Comisión deberá presentar un dictamen que luego se aprobaría o no en el Plenario y se decidirá si se la somete a Jury por mal desempeño o se la sanciona. Todo está dirigido a que se la someta al Jury”.
LA UNANIMIDAD Y EL ARTÍCULO 20
La aplicación del artículo 20 del reglamento de la Comisión de Acusación no es una medida administrativa menor. En el engranaje del Consejo de la Magistratura, esta decisión equivale a una declaración de sospecha fundada. Los consejeros consideran que la prueba recolectada posee la contundencia suficiente como para exigir explicaciones formales a la magistrada de Goya.
El hecho de que la votación se haya resuelto por unanimidad -unificando voluntades de legisladores y representantes de distintos signos políticos- expone la solidez de las pruebas acumuladas en el expediente y anula cualquier lectura de persecución partidaria.
A partir de la comparecencia del 14 de agosto, el escenario de Pozzer Penzo entrará en una zona de definición. Tras escuchar sus explicaciones y evaluar sus descargos defensivos, el plenario del Consejo de la Magistratura quedará habilitado para votar.
Si bien formalmente conserva la potestad de aplicar una sanción disciplinaria menor, la presión política, el malestar de la planta de trabajadores y la unificación de los expedientes apuntalan con fuerza el camino hacia el Jury de Enjuiciamiento, la suspensión y la posterior destitución.
LA SOMBRA DEL CASO LOAN Y EL DESGASTE
La citación de Cristina Pozzer Penzo no es un expediente más dentro del Consejo de la Magistratura; es un cimbronazo político que sacude los cimientos de la Justicia Federal del NEA. La jueza de Goya quedó bajo el ojo de la tormenta pública tras asumir la instrucción de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, un caso que expuso severas fallas de coordinación, demoras procedimentales y fuertes cruces con las fuerzas de seguridad locales y federales.
En este contexto, el pedido para unificar las denuncias por su desempeño en dicha causa con las acusaciones previas de violencia laboral eleva la temperatura política. Para la provincia de Corrientes, que asiste a una crisis de confianza institucional sin precedentes, el desmoronamiento de la figura de la magistrada federal a cargo del caso más sensible de la última década representa un punto de inflexión. La resolución de la Magistratura no solo pone en juego la carrera de Pozzer Penzo, sino la credibilidad misma del servicio de justicia en el interior profundo de la Provincia.