Ariel Santa Cruz, de 38 años, fue encontrado muerto el 29 de abril en el Paraje Toroi, una zona de monte próxima a la Ruta Provincial N°15, con heridas compatibles con disparos de arma de fuego. En el marco del operativo inicial, la Policía aprehendió a un joven de 18 años de apellido Viera, a quien le secuestraron un arma de aire comprimido, cartuchos y prendas de vestir de interés para la causa. El demorado habría reconocido ante las autoridades su responsabilidad en el hecho. Había pruebas. Había confesión. Y, sin embargo, en menos de 24 horas, estaba en la calle.
Los vecinos advierten que hoy camina por el pueblo como si nada. Esa imagen -real, concreta, cotidiana- es la que detonó la indignación de una comunidad que este domingo marchó desde la plaza central hasta la comisaría local para reclamar justicia, y que ya organiza una nueva movilización para esta semana.
LA DECISIÓN QUE NADIE EXPLICA
Según fuentes consultadas por EL LIBERTADOR, quien ordenó la liberación del aprehendido fue la jueza de Garantías, María Cristina Sánchez, que actúa en subrogancia de Josefina González Cabañas, titular del Juzgado de Instrucción N° 3. La magistrada habría considerado que no existían pruebas suficientes para sostener la detención, una conclusión que choca de frente con la valoración de los propios efectivos policiales, quienes aseguran que los elementos recolectados en la escena eran más que suficientes para mantener al sospechoso privado de su libertad.
«No se explican la falta de pruebas», resumieron fuentes de la fuerza a este medio, con una frase que condensa la perplejidad institucional ante una resolución que sorprendió incluso dentro de la propia comisaría.
EL SILENCIO DE LA FISCALÍA
Pero hay otro silencio que hace ruido, y es el de la Fiscalía. La fiscal a cargo de la investigación no se hizo presente en la localidad en el marco de la causa que conduce, una ausencia que contrasta con el correcto comportamiento del fiscal de Esquina, quien sí asumió la responsabilidad de informar públicamente, algo que no todos sus pares hacen. Además, hasta el cierre de esta edición, se desconoce si la Fiscalía apeló la decisión de la jueza de liberar al sospechoso. Esa pregunta, sin respuesta oficial, es hoy una de las claves del caso.
El nuevo Código Procesal Penal establece que tanto la Policía como el juez de Garantías tienen facultades acotadas en esta etapa: la responsabilidad central de impulsar la investigación y sostener la acusación recae en cabeza del fiscal. En ese esquema, cada silencio de la Fiscalía pesa el doble.
Según trascendió, el Juzgado pasaría a ser subrogado por la doctora Aromí hasta el regreso de la titular, lo que agrega un nuevo elemento de incertidumbre procesal al expediente.
Legislador interviene; la familia, con abogado
En este contexto, un legislador provincial tomó intervención en el caso y puso a disposición de la familia de la víctima un abogado para que se constituya como querellante particular en la causa.
Se trata de un movimiento que podría resultar decisivo: la incorporación de un querellante abre la posibilidad de impulsar la investigación de manera independiente, apelar resoluciones judiciales y presionar para que los elementos probatorios sean evaluados con mayor rigor.
Según las fuentes consultadas, existe sobrada evidencia que involucra al principal sospechoso, y la intervención de un abogado de la parte podría ser la herramienta concreta para evitar que esa evidencia quede en el limbo procesal.
Un pueblo que no baja los brazos
La consigna «Basta de impunidad» se volvió viral en las redes sociales de la comunidad. Los allegados a Santa Cruz son contundentes: «El muchacho que mató a Ariel anda por acá, por el pueblo, caminando como si nada». La frase no es sólo un lamento, es la descripción de una situación que la comunidad de Berón de Astrada no está dispuesta a naturalizar.
La investigación sigue formalmente abierta. Pero mientras la Justicia no dé señales concretas de avance, el pueblo seguirá en la calle.