La pausa en la ejecución de obras de infraestructura de la Autovía 12 es motivo de un creciente malestar en la provincia de Corrientes, producto del freno de la obra pública nacional, lo que consiguió transformar lo que debía ser una solución vial en un foco de conflicto político y social. Es así que la paralización de la Autovía 12 ya no sólo representa una demora técnica, sino que se consolidó como la máxima prioridad en la agenda de reclamos del Gobierno provincial frente a la Nación.
En este escenario de incertidumbre financiera, la gestión provincial, con el gobernador Juan Pablo Valdés como punta de lanza, comenzó a trazar una hoja de ruta propia para intentar rescatar proyectos esenciales, al mismo tiempo que la tensión con los organismos nacionales escala ante la falta de respuestas concretas para los miles de ciudadanos que transitan diariamente por los accesos a la Capital.
“HOY, LA URGENCIA ES LA AUTOVÍA”
El gobernador Juan Pablo Valdés fue tajante al describir el complejo panorama que atraviesa la obra pública en la provincia. Ante el recorte de fondos nacionales, el titular del Ejecutivo provincial aclaró que Corrientes debió recalcular sus proyecciones financieras para mantener la estabilidad. “Hoy, la urgencia es la autovía, porque es una obra con la que se han comprometido y ya lleva un plazo más que extendido para lo que puede tolerar de paciencia cualquier comunidad”, enfatizó el Gobernador. De esa manera, dejó en claro que la finalización de la traza es una condición innegociable para la conectividad y la seguridad de los correntinos.
COMPROMISO TRUNCO
El 30 de enero, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, había estado en Corrientes con Juan Pablo, ocasión en la que se comprometió a avanzar con las obras de la Autovía 12. Incluso, el tema fue uno de los ejes de la oportuna conferencia de prensa encabezada por ambos en la Casa de Gobierno.
En la oportunidad, el Gobernador había destacado la predisposición del Ministro para trabajar en el tramo que va desde la Rotonda de la Virgen hasta el acceso al aeropuerto Piragine Niveyro. En aquel entonces, Juan Pablo había hecho hincapié en el compromiso de que ese tramo “en breve, para el mes de diciembre, estaría resuelto”.
Ulteriormente, el propio titular del Ejecutivo provincial había continuado con distintas gestiones y reuniones a tal fin, aunque últimamente los ánimos habrían cambiado.
FINANCIAMIENTO ALTERNATIVO Y GESTIÓN DIARIA
Con respecto a la Autovía 12, el Gobernador insistió en que la responsabilidad primaria recae sobre la Nación. “Nosotros estamos insistiendo e insistiendo. Primero, porque han tomado el compromiso; está firmado el compromiso y eso hay que cumplirlo. Hoy toca hacerse cargo de lo que han firmado”, sentenció.
La postura oficial es de una vigilancia constante sobre el cumplimiento de los contratos. Juan Pablo remarcó que las gestiones se realizan de manera cotidiana y que no se aceptarán más dilaciones injustificadas. “La estamos gestionando todos los días. De alguna manera la vamos a resolver”, aseguró.
“Queremos, simplemente, que se cumpla con lo que se comprometió, del mismo modo en que nosotros hemos cumplido en este plazo las obras con las que nos comprometimos como gobierno”, puntualizó con firmeza.
LA VISIÓN DE VIALIDAD NACIONAL
En la vereda de enfrente, desde la Delegación Regional de Vialidad Nacional se intenta ofrecer una perspectiva técnica sobre el estancamiento de los trabajos. David Moulin, delegado regional en Corrientes, reconoció recientemente, en diálogo con EL LIBERTADOR, que la obra sufrió un impacto directo por las decisiones macroeconómicas del poder central. “Hoy la autovía presenta una disminución en el ritmo de obra debido a un tema financiero que se está resolviendo con el Ministerio de Economía. Es importante destacar que es una de las 40 obras priorizadas por el Gobierno nacional en todo el país”, explicó el funcionario nacional.
A pesar del optimismo que intenta transmitir la delegación local, los plazos continúan extendiéndose sin una fecha de reactivación plena en el horizonte cercano. Moulin señaló que la agenda económica y las prioridades de pago de deuda son manejadas exclusivamente por el Ministerio de Economía de la Nación. “Entendemos que, una vez superada la restricción financiera, retomaremos el ritmo significativo que teníamos hasta hace poco”, manifestó, al tiempo que expresó su confianza en que los recursos finalmente llegarán para retomar las tareas en este corredor estratégico.
ALERTA EN EL SECTOR EMPRESARIAL
La preocupación no es exclusiva del ámbito gubernamental; el sector productivo ha manifestado su descontento ante lo que consideran una parálisis que asfixia el desarrollo económico. Es así que empresarios correntinos pusieron el foco en el impacto negativo que la pausa de las obras genera en frentistas, vecinos y en la dinámica comercial y turística de la provincia.
Advirtieron que la falta de finalización de la autovía no solo es un problema de tránsito, sino una barrera para la competitividad regional, al tiempo que acordaron intensificar las gestiones ante legisladores nacionales para exigir soluciones.
Este malestar empresarial se suma a los antecedentes críticos planteados por la Cámara de la Construcción de Corrientes. Gustavo Rosello, presidente de la entidad, ya había advertido sobre el quiebre de la confianza institucional que generó la propuesta nacional de pagar certificados de obra mediante bonos estatales. Según Rosello, este mecanismo es inviable para las empresas locales, que deben afrontar costos operativos y pagos a proveedores en efectivo. «A las empresas, en general, los bonos no les cierran; con eso no pueden pagar sus obligaciones y es mucho peor si no los entregan o no hay certeza sobre ellos», había manifestado el dirigente, respecto de la situación que afecta a los 13 kilómetros entre Santa Ana y Riachuelo.
PRESIÓN LEGISLATIVA
El conflicto también ha llegado al recinto legislativo. En la sesión del miércoles, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución (Expediente Nº 19768), impulsado por la diputada provincial Sofía Brambilla (PRO), mediante el que se solicita a la Dirección Nacional de Vialidad un informe detallado sobre el porcentaje real de avance de la denominada «Autopista Urbana de Corrientes».
El proyecto -girado a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos- pone el foco en el incumplimiento de los plazos anunciados previamente por Moulin, quien en febrero de 2025 había asegurado que la obra contaba con un 56 por ciento de avance y que sería terminada en 16 meses.
En los fundamentos de la resolución, Brambilla describió la obra como un “monumento nacional a la desidia”. La diputada destacó en su presentación que, tras ocho años desde el inicio del emprendimiento en 2018, la duplicación de calzadas y colectoras sigue incompleta, afectando los cinco ingresos principales a la ciudad y el acceso al Aeropuerto Internacional «Doctor Fernando Piragine Niveyro».
La presión legislativa se suma así al reclamo administrativo del Gobierno provincial, configurando un frente común que exige que la Nación honre sus compromisos y devuelva la seguridad vial a un trayecto por el que circulan más de 35.000 ciudadanos cada día.
