El Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes informó, a través de un comunicado oficial, que el presidente, Ramón Leguizamón y el secretario ejecutivo, Jorge Isetta, denunciaron al personal de la Comisaría Séptima de la capital ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia y la Fiscalía de Instrucción N° 1.
De acuerdo a la información que difundió el organismo, se constataron lesiones corporales en varios detenidos que pasaron por la Comisaría. Además de registrarse estos episodios de tortura y malos tratos de manera recurrente, afirman desde el organismo, la dependencia cuenta con un antecedente, ya que allí murieron tres internos por un incendios producido en enero del año 2006.
En el documento elaborado, presidente y secretario manifestaron que el 11 de julio personal del Comité se constituyó en la Comisaría Séptima realizando un trabajo de control y monitoreo, a fin de constatar las condiciones de detención en el edificio. El viernes 15, se habría producido una requisa con golpes y torturas a los detenidos de la dependencia, cuyo accionar fue interpretado como una represalia en respuesta a la inspección que realizó el Comité.
Según información brindada por la División Coordinación con organismos de DDHH, dependiente de la Policía de la Provincia, «la requisa no habría sido realizada por personal de esa dependencia sino por un grupo especial, manifestando que no había sido un caso de represalia, sino que buscaban estupefacientes».
Notificado el caso y tras haber emitido recomendaciones por lo sucedido en la requisa, el Comité de Prevención de la Tortura volvió a visitar la Comisaría Séptima el jueves 4 de agosto, donde se tomó contacto con los detenidos y relataron los hechos de tortura que sufren constantemente. «Ingresan de madrugada, cortan la luz, nos obligan a desnudarnos y a ubicarnos contra la pared, y en ese momento nos colocan una bolsa en la cabeza con gas pimienta mientras nos golpean», manifestaron.
El accionar violento volvió a repetirse el martes 16 de agosto, alrededor de la medianoche, cuando nuevamente ingresó el grupo especializado a las celdas, donde cortaron la luz y procedieron a golpear brutalmente a las personas detenidas. Al ser notificado de éste nuevo episodio de maltrato y tortura, el secretario ejecutivo radicó la denuncia en la Fiscalía de Instrucción Nº 1 y se constituyó por requerimiento de la Fiscal con el médico Forense, Jose Luis Galvez, para constatar las lesiones correspondientes.
Denunciaron, además, que en la dependencia se negaron a mostrar la documentación que acredite el personal de guardia que prestaba servicios el día que ocurriera el hecho denunciado.
Finalmente, desde el Comité se destacó que todo procedimiento dentro de la Comisaria es responsabilidad del personal de la misma, por lo que se deberá garantizar en todo caso la mensura del procedimiento de requisa; y se aclaró que las tareas de control y monitoreo en las unidades penales, comisarias u otros lugares de detención, continuarán efectuándose en toda la provincia, emitiendo las recomendaciones para mejorar las condiciones de trato y habitabilidad. En tanto que, se resaltó que, en caso de detectarse nuevos casos de violencia institucional, también se efectuarán las denuncias correspondientes solicitando actuaciones sumariales.
