EL LIBERTADOR resaltó ayer la alerta latente en los índices de peligro de incendios en todo el territorio provincial. Fue a través de una comunicación exclusiva con funcionarios de Defensa Civil. Pero más allá de este escenario ígneo, también se padece uno de mayor data y que viene afectando a todos los rubros agropecuarios: la sequía.
Desde el Gobierno trabajan a contrarreloj, conscientes de que no se puede aguardar a que se deban contabilizar pérdidas estrepitosas en el arroz, el citrus o la ganadería. Por ello, en los sectores productivos locales se aguarda que la Provincia tome medidas compatibles con la emergencia que no sólo se relaciona con el riesgo de incendios, sino con el estado de las pasturas, la falta de agua y la dificultad para ventas.
Es que se debe tener en cuenta que, en esta coyuntura climática que afecta sobremanera las actividades y los consecuentes productos, los habituales compradores -que provienen de otras provincias- también sienten la sequía, lo cual repercute en la falta de demanda y baja en los precios que se mantienen en los niveles de un año atrás.
Un contexto que va más allá de los incendios, donde no hay lugar para la demora, por lo que Valdés bajó línea en las áreas correspondientes para que no haya vacaciones. En el Gobierno provincial preocupa, porque ante cualquier medida que se disponga, después quedará el andarivel burocrático que puede (y hasta se podría asegurar) tornarse pedregoso, puesto que habrá que tramitar ante Nación.
En virtud de la emergencia vigente, los tributos nacionales vencen en enero de 2023, con lo cual, advierten desde diferentes emprendimientos productivos, «se estaría llegando tarde».
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