El titular de la cartera económica, Héctor Grachot, anticipó que el equipo técnico concluyó el análisis de las distintas alternativas de ajuste salarial y que la definición final se encuentra en manos del Gobernador, quien formalizará el anuncio.
Según detalló el funcionario en declaraciones al programa radial Corrientes en el Aire, la comunicación oficial de la recomposición salarial para la administración pública se concretará durante la próxima semana o, a más tardar, en los días subsiguientes. Posterior a la presentación del mandatario provincial, el Ministerio de Hacienda brindará el desglose técnico de las medidas.
LA RECOMPOSICIÓN SALARIAL
La premisa central trazada por las autoridades financieras de la provincia es lograr que el salario estatal acompañe de cerca la inflación acumulada hacia el cierre del año. De acuerdo con las proyecciones del ministerio, el índice de precios al consumidor acumularía entre un 28 por ciento y un 29 por ciento hacia diciembre.
Hasta el momento, la Provincia ha otorgado una recomposición acumulada del 16,6 por ciento a sus agentes públicos.
Dentro de los esquemas que analiza el Poder Ejecutivo, se contemplan aumentos que podrían estructurarse en uno o dos dígitos. Señalaron que una opción de ajuste es del 8 por ciento, que elevaría el incremento anual acumulado a un 27 por ciento. Y la otra opción de ajuste sería del 10 por ciento, que permitiría situar el acumulado anual en un 28,2 por ciento o 28,3 por ciento, ubicándose en sintonía con las proyecciones del costo de vida.
Grachot enfatizó que cualquier decisión se encuadrará en el estricto cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (normativa a la que Corrientes adhiere desde hace 21 años) y en el precepto constitucional provincial que prohíbe destinar más del 70 por ciento de los ingresos corrientes al pago de la masa salarial. El objetivo prioritario radica en asegurar el abono regular de sueldos y aguinaldos sin comprometer la liquidez del Estado.
LA ARQUITECTURA DEL PRESUPUESTO 2027
En forma simultánea con la agenda de haberes, la conducción económica presentó los parámetros centrales del proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2027. El cálculo global de recursos y gastos asciende a 4,8 billones de pesos, de los cuales 3,6 billones de pesos constituyen el presupuesto operativo destinado al funcionamiento regular de la administración y las distintas jurisdicciones.
Para sostener el plan de obras públicas, la propuesta legislativa contempla una autorización de financiamiento por 600.000 millones de pesos.
En lo concerniente a las variables macroeconómicas del proyecto, las estimaciones oficiales contemplan una proyección de inflación anual del 18 por ciento; y una paridad cambiaria promedio de 1.770 pesos por dólar, con un tope estimado en 1.845 pesos.
Desde la cartera de Hacienda explicaron que estas proyecciones obedecen a un criterio de cautela fiscal, tras un ejercicio 2026 complejo en materia recaudatoria y ante la perspectiva de que no se registrarán incrementos extraordinarios en los ingresos de origen provincial ni nacional.
READECUACIÓN DE PARTIDAS
Durante las reuniones explicativas mantenidas con legisladores provinciales, el Ministerio de Hacienda repasó la distribución presupuestaria entre los distintos ministerios, descartando recortes efectivos en las áreas sociales prioritarias.
En Salud Pública, indicó que se registra un aumento nominal del 75 por ciento respecto del presupuesto 2026, lo que representa un crecimiento real del 40 por ciento. La estrategia presupuestaria contempla optimizar los esquemas de contratación de servicios tercerizados (tales como limpieza y vigilancia en hospitales) para eficientizar el gasto operativo.
En Educación, muestra un incremento nominal del 45 por ciento y una variación real estimada en el 18 por ciento. El presupuesto garantiza la provisión de la copa de leche en las escuelas de todo el territorio provincial y el servicio de comida caliente en los establecimientos de Capital y Goya, además de asignar fondos específicos para infraestructura edilicia escolar.
En el Poder Judicial, se asigna un 7,15 por ciento de la masa presupuestaria, cifra que supera el piso del 6,57 por ciento fijado por la ley de autarquía judicial, aunque se sitúa por debajo del requerimiento formulado por ese poder.
En relación con la obra pública, el ministerio aclaró que la variación aparente que refleja una disminución del 15 por ciento al 20 por ciento en las partidas del área responde a una reestructuración administrativa: el traslado de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (Ucar) desde Obras Públicas hacia la órbita de Hacienda. Bajo esta estructura permanecen obras de envergadura como la costanera y las defensas costeras de la ciudad de Goya.
Asimismo, los fondos derivados del endeudamiento proyectado se destinarán a la mejora de la red vial provincial, con intervenciones sobre las rutas 27, 68 y 43, sumadas a los trabajos de ampliación en la Ruta 5. En el plano habitacional, la provincia asumirá la finalización de planes de vivienda que habían quedado paralizados tras la interrupción de partidas nacionales, puntualmente en las localidades de Paso de los Libres y San Roque.
ASISTENCIA NACIONAL Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Respecto del balance financiero del año en curso, el titular de Hacienda valoró la transferencia de más de 20.000 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), calificando el envío como un respaldo valioso para equilibrar las cuentas locales frente a las oscilaciones de la coparticipación.
Finalmente, al abordar el escenario de empleo en la provincia, el ministro ratificó la visión del Ejecutivo provincial en cuanto a que la generación de empleo genuino debe estar impulsada por la dinamización del sector privado, reservando para la administración pública un papel de acompañamiento institucional y garantía de los servicios esenciales del Estado.