La destitución de Santiago Peña se consumó este viernes 6 luego de que el Senado de Paraguay lo declarara culpable de mal desempeño en sus funciones e inmediatamente se ordenara su detención. La Cámara Alta rechazó en primera instancia la dimisión presentada horas antes por el jefe de Estado y aprobó su remoción por unanimidad con el voto afirmativo de los 44 legisladores presentes en el recinto y apenas 1 ausencia.
El economista de 47 años había sido citado para ejercer su descargo de manera presencial ante el Congreso en Asunción, pero optó por no asistir a la sesión parlamentaria y delegó su representación legal en los abogados penalistas Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Con el fallo legislativo consumado, el hasta ahora vicepresidente Pedro Alliana queda a cargo de la titularidad del Poder Ejecutivo paraguayo.
PÉRDIDA DE INMUNIDAD Y ORDEN DE CAPTURA
La estrategia de los senadores para rechazar la renuncia que Peña había difundido previamente en su cuenta de la red social X apuntó directamente a bloquear sus privilegios constitucionales. El artículo 189 de la Constitución de la República del Paraguay establece que todo presidente electo por el voto popular accede de forma automática a una banca de senador vitalicio con inmunidad de arresto al finalizar su mandato, salvo que resulte destituido mediante un juicio político.
Al ser hallado culpable por los 44 senadores presentes, Peña perdió de manera definitiva la posibilidad de adquirir fueros parlamentarios y quedó expuesto a la Justicia ordinaria sin necesidad de un trámite previo de desafuero. Minutos después de cerrarse la votación nominal en el Congreso, las autoridades judiciales paraguayas libraron la orden de detención en su contra para que responda en sede penal por el vaciamiento de los fondos públicos. El ahora ex Presidente guaraní permanecerá en detención domiciliaria.
LA ASUNCIÓN DE ALLIANA AL FRENTE DEL EJECUTIVO
Con la vacancia definitiva consumada en el Palacio de los López, el vicepresidente Pedro Alliana quedó automáticamente habilitado por el artículo 234 de la Constitución Nacional para asumir la Presidencia de la República del Paraguay y completar el mandato vigente hasta el 15 de agosto de 2028. La ceremonia de juramento ante el Congreso Nacional en Asunción se activó de manera inmediata tras la notificación oficial de la sentencia legislativa que expulsó a Santiago Peña del poder.
Oriundo de la ciudad de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú limítrofe con la provincia de Corrientes, Alliana tiene 52 años y cuenta con una extensa trayectoria de articulación dentro del Partido Colorado. Antes de llegar a la Vicepresidencia en agosto de 2023, se desempeñó como gobernador departamental, diputado nacional en 2 períodos consecutivos, presidente de la Cámara Baja y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), donde consolidó su perfil como principal nexo político de la bancada oficialista en el Parlamento.
El nuevo jefe de Estado recibe la administración en medio de una severa corrida de desconfianza sobre el sistema financiero local. Sus primeras medidas urgentes de gestión apuntan a intervenir en la crisis de liquidez generada por el cierre de Ueno Bank, destrabar el acceso a los depósitos de los 2,9 millones de ahorristas damnificados y garantizar el pago normal de los haberes a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), todo mientras articula un nuevo gabinete que le permita sostener la gobernabilidad con el respaldo de los 44 senadores que votaron la remoción de su antecesor.
EL ESCÁNDALO DE UENO BANK
El expediente acusatorio que precipitó la caída del Gobierno tuvo su origen en la grave crisis financiera y social desatada tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay. La entidad privada operaba con una cartera de 2,9 millones de clientes sobre una población nacional estimada en 6,1 millones de habitantes, lo que dejó a casi la mitad del país sin acceso a sus depósitos y encendió la alarma respecto a la liquidez de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS).
Los diputados que actuaron como fiscales acusadores durante el proceso parlamentario denunciaron que la maniobra generó un perjuicio patrimonial de 1.200 millones de dólares para las arcas del Estado paraguayo. La investigación determinó que durante el mandato de Peña se direccionaron sumas millonarias provenientes de organismos públicos hacia ese banco, entidad con la que el ahora expresidente mantenía vínculos comerciales directos antes de asumir la primera magistratura.