El hartazgo frente a la impunidad del abigeato transfronterizo terminó por gestar una alianza táctica e inédita en la ribera correntina. Tal como se desprende de los antecedentes inmediatos publicados por EL LIBERTADOR, las incesantes incursiones de cuatreros provenientes del Paraguay sobre los establecimientos ganaderos de la costa encendieron todas las alarmas. Ahora, la respuesta busca ser implacable: Policía Rural, Prefectura Naval y los propios productores decidieron aceitar la coordinación y establecer un escudo para cerrarle el paso a las bandas que cruzan el Paraná para alzarse con la hacienda local.
La hoja de ruta de esta nueva embestida contra el delito rural se trazó ayer por la tarde, con una doble jornada de reuniones de carácter urgente. El primer cónclave tuvo lugar en la sede de la Prefectura de Ituzaingó.
Allí, la plana mayor del esquema de seguridad fluvial, encabezada por el prefecto de Zona Alto Paraná, prefecto mayor Eduardo Farrus -acompañado por los titulares de las delegaciones de Posadas, Itá Ibaté y la jurisdicción local-, se sentó a la mesa con la cúpula de la Policía de Corrientes. Por la fuerza provincial dieron el presente el director general de Seguridad Rural y Ecológica, comisario general Gerardo Torres, y el jefe de la Unidad Especial ituzaingueña, comisario inspector Marcelino Cardozo.
El diagnóstico operativo fue unánime: las bandas delictivas aprovechan la porosidad de la frontera de agua, sustraen los animales en suelo argentino y luego los trasladan de contrabando hacia el país vecino. Ante esto, se acordó un esquema de acción directa.
Habrá mayor intercambio de inteligencia, se establecerán mecanismos de alerta temprana y se diagramarán operativos cerrojo conjuntos que se activarán ante el menor movimiento sospechoso en la costa.
LA MOSCA: EL EPICENTRO DEL CONFLICTO
Pero la estrategia no quedó encerrada únicamente entre uniformes. La segunda fase del acuerdo se selló en la Municipalidad de Ituzaingó, bajo la atenta mirada del intendente Emilio Nicolás. En ese despacho, la Policía Rural y las autoridades de la Unidad Regional VI se vieron las caras con los productores de las islas Apipé, el eslabón civil que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta.
El grueso de la preocupación tiene coordenadas exactas: la zona conocida como “La Mosca”. Sucede que, empujados por la reciente crecida del río Paraná, los isleños se vieron obligados a trasladar sus animales hacia la costa firme para salvarlos del agua. Esa inusual e imponente concentración extraordinaria de hacienda se transformó rápidamente en un botín por demás atractivo para las mafias que operan desde el otro lado del canal.
MALESTAR POLÍTICO Y LA EXTENSIÓN A SANTO TOMÉ
El mensaje que dejaron ambas reuniones fue contundente: frente a un delito transnacional, la respuesta exige logística y comunicación en tiempo real. Los ruralistas advirtieron que serán parte activa de esta red de vigilancia preventiva, comprometiéndose a reportar de inmediato cualquier irregularidad en sus campos. Una matriz de trabajo que, según adelantaron, se replicará a la brevedad en la localidad de Santo Tomé, otro de los puntos calientes de la frontera este.
Sin embargo, en medio del despliegue y la buena voluntad de las fuerzas con asiento en la provincia, el sector productivo no ocultó su descontento con la órbita federal. Por lo bajo y no tanto, los ganaderos coinciden en que la «pata floja» de esta lucha territorial recae sobre la cartera de Seguridad de la Nación.
Apuntan sus quejas directamente contra la ministra Monteoliva, argumentando que la falta de un respaldo más contundente desde Buenos Aires debilita la capacidad de respuesta en uno de los puntos fronterizos más calientes de la región.