La destitución de Santiago Peña en el Congreso paraguayo por mal desempeño desembocó en un inmediato proceso penal impulsado por el Ministerio Público. La Fiscalía formalizó la imputación contra el depuesto mandatario por los supuestos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. La medida judicial se extendió asimismo a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP). En el caso de Carvallo, la investigación sumó además la imputación por producción de documentos públicos de contenido falso.
La formulación de los cargos fue presentada formalmente por un equipo integrado por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, quienes tras recibir a los acusados solicitaron de manera oficial la prisión preventiva para ambos involucrados.
Durante la audiencia indagatoria realizada en la sede de la Fiscalía General del Estado (cuyo punto de reunión debió ser trasladado a último momento desde la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción por motivos de seguridad), tanto el expresidente Peña como el ex titular del BCP optaron por acogerse al derecho constitucional de abstenerse de declarar.
El traslado de Santiago Peña a la sede judicial se produjo bajo estrictas medidas de seguridad y sin esposas, ingresando por una puerta lateral tras haber pasado la noche bajo custodia militar en el Regimiento Escolta Presidencial. Dicha reubicación de urgencia debió ser ejecutada luego de que se registraran severos incidentes y enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes convocados a las puertas de su residencia privada en Asunción. Carvallo, por su parte, se había entregado de forma voluntaria horas antes, quedando recluido en el Departamento de Investigaciones bajo indagatoria por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al desvío de fondos estatales a través del banco colapsado.
EL COLAPSO DEL UENO BANK
El detonante que derrumbó la administración de Peña se originó en el abrupto cierre del Ueno Bank, la entidad bancaria digital de mayor penetración masiva en el país. El colapso dejó las cuentas bancarias de cerca de tres millones de personas bajo un congelamiento inmediato de fondos, afectando el normal desenvolvimiento de transacciones cotidianas y generando severas repercusiones sobre los fondos jubilatorios estatales.
El surgimiento de las denuncias que aceleraron el desenlace político se vincula con la entrega de un documento anónimo. Según reveló el nuevo vicepresidente Antonio «Tony» Barrios en declaraciones públicas, el recibimiento de un sobre sin firma con detalles sobre graves irregularidades operativas en la entidad motivó un pedido urgente de informes al Banco Central, iniciativa impulsada en conjunto con los senadores Basilio «Bachi» Núñez y Natalicio Chase. Las indagaciones salpicaron de forma directa a la cúpula del Ejecutivo, derivando en el retiro del respaldo político por parte del gobernante partido Honor Colorado y su posterior juzgamiento parlamentario.