Este jueves, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo acorralado por un escándalo financiero de proporciones inéditas y por el inminente avance de un juicio político en su contra. La caída del mandatario se consumó tras la intervención y liquidación del Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias del país, cuya parálisis dejó congelados los ahorros de casi tres millones de ciudadanos y puso en jaque cientos de millones de dólares en fondos públicos.
Pese al anuncio de dimisión transmitido por el jefe de Estado a través de un mensaje grabado, la Cámara de Diputados de la República aprobó por unanimidad el libelo acusatorio para iniciar el juicio político. La encrucijada institucional se desplaza ahora al Senado, donde se definirá si se acepta la renuncia formal o si se procede con la destitución mediante el impeachment.
EL DETONANTE
El 29 de octubre de 2026, las alarmas del Banco Central del Paraguay (BCP) se encendieron cuando el Ueno Bank notificó la imposibilidad de reponer un faltante de aproximadamente USD 70 millones correspondiente a su encaje legal. Días después, el 2 de noviembre, la banca matriz dispuso la resolución de la entidad por severos deterioros de solvencia y operaciones indebidas con empresas vinculadas.
La vinculación personal del propio Peña con el grupo financiero agravó la crisis. El mandatario había declarado ante la Contraloría General de la República la posesión de acciones por un valor nominal de G. 6.144 millones en Ueno Holding Saeca, además de haber encabezado su estructura ejecutiva previo a su llegada a la presidencia.
LA UNANIMIDAD EN DIPUTADOS
El margen de maniobra de Peña se redujo a cero cuando el liderazgo de su propio partido le retiró el respaldo. Horacio Cartes, expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR – Partido Colorado), confirmó públicamente que el oficialismo acompañaría el juicio político impulsado por la oposición.
Con la venia de la cúpula colorada, la Cámara de Diputados sesionó de urgencia y aprobó por unanimidad el juicio político contra el mandatario, sustentado en un libelo acusatorio con cinco causales que incluyen mal desempeño, omisión ante irregularidades financieras y tráfico de influencias.
En la misma sesión, la Cámara Baja rechazó el juicio político promovido contra el vicepresidente Pedro Alliana por 48 votos en contra y 30 a favor. Este resultado dejó despejada la vía sucesoria para que Alliana asuma la titularidad del Poder Ejecutivo una vez que el Congreso resuelva la situación de la presidencia.