El Ejecutivo Municipal de Goya promulgó recientemente la Ordenanza N° 2.320 —sancionada por el Concejo Deliberante el pasado 28 de octubre— que establece la prohibición absoluta del ejercicio de la actividad de cuidacoches y trapitos en todo el ámbito de la ciudad.
La medida responde a los múltiples reclamos y peticiones vecinales recibidas ante los constantes inconvenientes registrados en la vía pública, donde personas no autorizadas exigían tarifas fijas y forzaban el pago por un servicio no consentido. Los mayores conflictos se concentraban en espacios de alta circulación como la céntrica plaza Mitre, la plaza San Martín, la Costanera, especialmente la plaza Italia, y puntos turísticos como Costa Surubí y la playa El Inga, además de las inmediaciones de clubes y predios durante eventos de concurrencia masiva.
Los puntos clave de la normativa
Prohibición general: queda vedada la actividad de cuidacoches de vehículos en el ejido urbano, salvo disposición administrativa en contrario.
Excepción para eventos masivos: solo se permitirá la presencia de cuidadores en eventos de gran convocatoria en zonas no restringidas, requiriendo autorización formal y un permiso otorgado por la Dirección de Inspección General.
Contribución estrictamente voluntaria: en los casos permitidos, los cuidadores podrán recibir únicamente una retribución a voluntad del conductor, estando terminantemente prohibido exigir montos tarifados, fijar tarifas o exigir pagos bajo ningún concepto.
Requisitos para el registro: quienes soliciten el permiso deberán ser mayores de 18 años, contar con residencia legal, acreditar una antigüedad mínima de tres años de domicilio en Goya y presentar certificado de buena conducta de la Policía de Corrientes.
Identificación obligatoria: los permisionarios deberán portar chalecos reflectarios y una credencial con foto, datos personales, número de autorización y zona asignada.
Prohibiciones explícitas: se prohíbe a los cuidadores ejercer extorsión o intimidación, ocasionar daños materiales, lavar vehículos en la vía pública, reservar espacios de estacionamiento o fomentar lugares prohibidos por las normas de tránsito.
El incumplimiento de la normativa facultará a las autoridades municipales y a la Policía de la Provincia a exigir el cese inmediato de la actividad y la revocación del permiso por dos años, mientras que el municipio instalará señalética informativa en las zonas con prohibición absoluta en un plazo de sesenta días.
Foto: Luis Gurdiel