La intervención estatal de Ueno Bank —que congeló los depósitos de casi la mitad de la población del país— desató un estallido social e institucional que forzó la dimisión del mandatario.
El presidente del Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia en medio de una profunda crisis política y financiera provocada por la intervención del Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias del país. Los desmanejos de la entidad crediticia perjudicaron a 3 millones de ahorristas paraguayos en un país que tiene 10 millones de habitantes.
El detonante del quiebre institucional ocurrió tras la decisión del Banco Central de Paraguay (BCP) de disponer la intervención de Ueno Bank por severos problemas de solvencia, lo que conllevó la suspensión inmediata de todas sus operaciones. La entidad financiera albergaba los fondos de aproximadamente tres millones de personas, cifra que representa casi la mitad de la población paraguaya.
La parálisis financiera derivó de inmediato en una dura respuesta en las calles. Asunción registró dos jornadas consecutivas de masivas manifestaciones en las que los ciudadanos exigieron la devolución de sus fondos y la salida inmediata del jefe de Estado. Las jornadas de protesta registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y graves denuncias de represión.
A la dimisión de Peña se sumó la renuncia del titular del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, mientras que las autoridades judiciales ordenaron la detención de ocho directivos del banco intervenido, entre ellos su presidente.
En el frente legislativo, la bancada opositora en la Cámara de Diputados impulsó formalmente un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Los fundamentos de la acusación apuntan al presunto mal desempeño en sus funciones y a posibles conflictos de intereses derivados de los vínculos comerciales que el mandatario mantuvo con el grupo empresarial controlador de Ueno Bank.
Asimismo, los legisladores cuestionaron la falta de rigurosidad en las decisiones regulatorias del Gobierno y exigieron explicaciones sobre el destino de los fondos públicos y previsionales que habían sido depositados en la firma bancaria.
Vale mencionar que la causa penal contra Peña continuará más allá de la dimisión del ahora ex primer mandatario.
Santiago Peña había asumido la presidencia de Paraguay en agosto de 2023 y contaba con mandato constitucional hasta 2028. Su dimisión abre un complejo escenario institucional en el país, cuya sucesión presidencial deberá ser resuelta conforme a los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional.
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