La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) resolvieron presentar un recurso administrativo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, para no pagar el bono de fin de año por 50.000 pesos para cada trabajador rural, estipulado en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (Cnta).
En el sector empresario del campo informaron que la decisión la tomaron el pasado lunes luego de diversas reuniones técnicas, y tras expresar «numerosos y sólidos argumentos en oposición a la propuesta de pagar una suma adicional de 26.000 pesos al bono establecido mediante Decreto N° 841/2022 de 24.000 pesos».
En un comunicado, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural expresaron su descontento con relación al tratamiento del tema. «La medida adoptada no toma en consideración la situación actual de los empleadores rurales, que ya se ha hecho pública en reiteradas oportunidades», puntualizaron.
Indicaron que «la resolución había sido previamente tratada y acordada de manera paralela entre los representantes del Estado nacional y los representantes del sector sindical, «acto que atenta en contra del espíritu y objetivo de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (Cnta)», sostuvieron.
Pusieron en consideración que «aún no se ha publicado la resolución de homologación del bono extraordinario adicional de 26 mil pesos en el Boletín Oficial de la Nación y no se ha informado nada al respecto». Y anticiparon que «una vez publicada (esa homologación), se presentará la acción ante el Ministerio de Trabajo esperando que las autoridades hagan lugar al reclamo.
En ese marco, Nicolás Pino (SRA), Jorge Chemes (CRA), Elbio Laucirica (Coninagro) y Carlos Achetoni (FAA), habían manifestado su desacuerdo con la asignación extraordinaria, hace dos semanas, pero el gremio Uatre consiguió los votos con los representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Con una inflación anual en torno al 100 por ciento, y con una creciente pérdida del poder adquisitivo, los gremios, las empresas y el Gobierno negociaron el otorgamiento de distintos bonos extraordinarios para recomponer los ingresos de los asalariados formales. Y el Gobierno, a través del Decreto 841/2022 estableció un extra de 24.000 pesos para todos los trabajadores privados con salarios netos inferiores a 185.000 pesos, a lo cual Uatre sumó un valor adicional.
Los representantes de las entidades agropecuarias que en este contexto defienden los intereses de los productores que contratan trabajadores, dijeron que es «un nuevo atropello a los empleadores rurales».
Un requisito clave que dispuso el Ministerio de Economía para recibir este pago es que el salario neto devengado en diciembre de 2022 sea inferior a 185.859 pesos o el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios del trabajador fuere inferior a la jornada convencional. «El importe salarial señalado incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, y excluye al medio aguinaldo», informaron.
Sindicato rural asegura que el pago es «obligatorio»
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) informó que los trabajadores comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario recibirán un «bono de fin de año» de 50 mil pesos.
Como se sabe, las condiciones de trabajo y los acuerdos salariales para el campo se definen a través de un órgano específico, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (Cnta), la cual tiene una composición tripartita igualitaria, a saber: dos representantes del Estado (designados por Economía y Trabajo), dos representantes de los empleadores (designados rotativamente entre las cinco entidades empresariales vinculadas a la actividad) y dos representantes de los trabajadores (designados por la Uatre).
Hay que aclarar que este bono de 50 mil pesos absorberá los 24 mil pesos que ya había dispuesto el gobierno a través del Decreto 841/2022 y que beneficia a los trabajadores cuyo salario neto a diciembre de 2022 sea inferior a 185.859 pesos o el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios del trabajador o de la trabajadora fuere inferior a la jornada legal o convencional.
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