El contundente dato surge de un estudio satelital realizado por el ingeniero agrónomo Ditmar Kurtz, integrante del grupo de investigación del área de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -Inta-.
El fuego, en el Estero Santa Lucía, se inició el jueves 20 y se extendió por cinco días. En ese tiempo arrasó decenas de kilómetros de vegetación de suma importancia para el ecosistema, dentro un Área declarada Clave para la Biodiversidad (Key Biodiversity Áreas). Humedal que forma parte de la región Iberá y que contiene ambientes naturales, fauna y flora autóctona, bosques nativos, etcétera.
La zona más afectada fue la que rodea a la localidad de Caá Catí donde se quemaron 798ha, y en el estero más abajo, en dirección al Parque Nacional Mburucuyá, la pérdida fue de 350ha. Es la tercera vez en dos años que se incendia el mismo estero.
El pasado viernes 21, ante esta situación distintas organizaciones con presencia territorial en la zona como el «km0: Polo Cultural de los Esteros», la fundación Idear, Jopará (Bioturismo) acompañados por la Municipalidad de Caá Catí alertaron sobre esta situación al expresar en un comunicado: «Está ardiendo la vegetación, elemento vital para la cadena alimenticia de los animales que no alcanzan a sobrevivir, mucho de ellos declarados como parte del patrimonio natural de la provincia. Cientos de miles de polinizadores pierden su ecosistema completo y con él la vida (lo mismo sucede con las aves)».
En el mismo comunicado manifiestan la necesidad de crear una mesa de gestión real para la prevención y mitigación de esta situación: «Es necesario profundizar las acciones conjuntas entre el Estado y la sociedad civil para evitar que estos incendios sigan arrasando con nuestra biodiversidad y que volvamos a repetir la misma historia (con más del 15 por ciento de la superficie de la provincia quemada)».
En este sentido, se propone trabajar en una mesa de gestión que integre a asociaciones, fundaciones, municipios, los bomberos, la Policía, el Priar, al Gobierno provincial y nacional, el Ppoder Judicial, el Inta, los Parques Nacionales, así como a otras instituciones, grupos, colectivos cercanos a la problemática.
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