El sistema de transporte público en la ciudad de Corrientes atraviesa uno de sus momentos más críticos. En las últimas horas, se confirmó que las empresas Ersa y Transporte San Lorenzo suspendieron a 89 choferes de colectivos por un periodo de 90 días sin goce de haberes.
La medida, que ha generado una honda preocupación en el sector, fue ratificada por Gustavo Larrea, titular de la Cámara de Empresarios de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc), quien además deslizó que la suspensión podría extenderse hasta los 120 días.
Esta drástica decisión patronal no es aislada, ya que se suma a la no renovación de contratos de otros 25 empleados, entre los que se encuentran tanto inspectores como conductores.
Según argumentan desde el sector empresarial, la medida responde a una profunda crisis sectorial derivada de la quita de subsidios nacionales, el incremento sostenido de los costos operativos y una sensible caída en los ingresos, factores que, aseguran, obligan a buscar alternativas para evitar despidos definitivos.
PIE DE GUERRA
Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la respuesta no se hizo esperar. José Luis Sabao, secretario general del gremio, fue contundente al describir el panorama actual: «El sistema del transporte acá en Corrientes viene de mal en peor en todo sentido».
Tras la cancelación de una reunión clave en la Subsecretaría de Trabajo, el dirigente advirtió que el conflicto ha escalado a un nivel de gravedad inédito.
Sabao adelantó que el gremio ya se encuentra en estado de alerta y no descartó el inicio de medidas de fuerza que podrían dejar a la Capital correntina sin servicio de colectivos de manera inminente.
«Posiblemente podríamos estar hablando de una medida de fuerza porque esto viene empeorando», anticipó el referente sindical, remarcando que la incertidumbre crece entre los trabajadores a medida que se acerca la fecha de pago de salarios.
RESPONSABILIDAD
La crisis actual evoca antecedentes complejos, como el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) solicitado por la empresa en 2019 para implementar recortes similares. Sin embargo, para la UTA, la solución no debe recaer exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores.
En este sentido, Sabao subrayó que la responsabilidad de garantizar la continuidad y estabilidad del servicio es compartida. El dirigente señaló que el compromiso de cumplir con las obligaciones laborales recae no solo en las empresas, sino también en el Municipio y la Provincia, a quienes definió directamente como «los dueños del servicio». Mientras tanto, el gremio ya prepara la defensa legal para cada uno de los afectados, en un escenario donde el paro total parece ser la única carta que queda sobre la mesa.