Más allá de que la convocatoria no fue la esperada, y que la participación fue cuantitativa como cualitativamente de menor impacto, lo cierto fue que el hecho político se produjo con discursos de alto voltaje que no se reflejaron en los partes de prensa, pero cuyo efecto, en su conjunto, determinó que un conflicto comarcal alcance dimensión provincial, algo a lo cual contribuyó la movilización concretada ayer.
20-CONTRATAPA-18Esta circunstancia hace que el eje de la controversia se traslade del Paiubre a la escena política provincial, al quedar el gobierno de Valdés en la mira por la fuerte acusación pública de manipulación de la Justicia en perjuicio de figuras del espectro opositor.
Hasta ahora, el oficialismo vino haciendo mutis, con la sola excepción de los senadores Noel Breard y Ricardo Colombi; uno, desde su posicionamiento legislativo; y el otro, como número uno de la UCR provincial. Desde el Poder Ejecutivo, hubo silencio de radio.
El cuestionamiento apunta al poder político provincial, lo cual pareciera no dejar margen al mandatario correntino para no dar una respuesta pública.
A ello se suma el malestar que se originó en la Justicia, donde el Colegio de Magistrados podría emitir -en las próximas horas- un comunicado que resume el enojo con las acusaciones lanzadas por sectores de la oposición. Un malestar que jueces y fiscales extienden al propio Gobierno, que hasta ahora es como que se ha mantenido al margen.
¿Capitulará Valdés frente a la ofensiva que ayer tomó cuerpo con el mitin de Mercedes? Desde la oposición se abriga la esperanza de que ordene bajar un cambio. Aseguran que el Gobernador no es como Colombi, a quien consideran el responsable principal. Aunque los que saben aseguran que se equivocan al creer que el ituzaingueño mostrará signos de debilidad a la hora de determinar los cursos de acción.
El interrogante pasa por determinar hasta dónde -a esta altura- desde la política, aun desde el propio Gobierno se puede inclinar la posición de los ministros que integran el Superior Tribunal, siendo que los destinatarios de la ofensiva fueron jueces y fiscales a los que se consideró apéndices sumisos del poder político provincial. Un ninguneo que habitualmente produce un efecto contrario al buscado.
El alto Tribunal está en feria. Esta semana, Guillermo Semhan tiene la firma habilitada para resolver en nombre de los cinco. La semana que viene, el turno será de Rey Vázquez, más allá de que lo más probable es que ninguno se anime en este contexto político a asumir en soledad el costo de una decisión que -cualquiera fuera- dejará enojos en un sector u otro.
Intertanto, una situación cuanto menos confusa. El Intendente suspendido sigue en funciones con el manejo de los dineros públicos. Pesa sobre él una nueva denuncia penal. El Concejo no se reúne para poner en marcha el proceso sustitutivo porque, aseguran, ya no están los seis votos en la oposición local para hacer asumir al subrogante legal. Para dejar de aplicar la manda constitucional, la vía impugnativa es otra: plantear la inconstitucionalidad, lo cual supone un proceso contradictorio que quizás concluya con sentencia firme, una vez que venza el mandato del Intendente cuestionado. Y entonces, si debe aplicarse queda sobre el tapete la necesidad de que al momento de votar haya al menos seis votos positivos, algo que a esta altura parece difícil, porque se habla -y mucho- de que nuevamente podría reeditarse el «fantasma Bruzzo», en obvia alusión a la posibilidad de que un concejal falte a la hora de levantar la mano.
En este marco, la alternativa de la Intervención, que nadie alienta, aparece al menos como posible, considerando que el control del Municipio lo sigue detentando Caram, y que los llamados a resolver la cuestión -que son los concejales- parecieran paralizados a quince días del fallo que tornó operativo la suspensión con remisión al artículo 224 de la Constitución.
Los supremos fueron llamados por ambas partes a resolver. Resolver si se aplica la Constitución. Pareciera no haber margen, más allá de cualquier voluntad política, para soslayar su vigencia, pero Corrientes es Corrientes y todo pareciera posible.
El Gobernador absorbe los golpes sin contestar
Se llevó a cabo ayer, en Mercedes, el denominado Encuentro Provincial por la Democracia, en apoyo a Diego «Tape» Caram, por lo que aseguran es una persecución político judicial del Gobierno de la Provincia sobre el cual pesa la acusación de manipulación de jueces y fiscales.
Una marcha que no fue la esperada ni en cantidad, ni en representación, conforme a lo que surge de la cabecera del mitin. Ello sirvió para ponerle más condimento a una disputa que se extiende en el tiempo sin que nadie parezca dispuesto a ponerle el cascabel al gato.
Fue una movida para apuntar contra el Gobierno radical y la Justicia local. Hasta ahora, Gustavo Valdés no recogió el guante, dejando que el mercedeño, Ricardo Colombi capitalice la voz confrontativa. Y desde Nación tampoco se manifestaron.
El «fantasma» de una posible moción intervencionista comienza a circular frente al hecho de que no hay firma habilitada para el manejo de los dineros públicos en la localidad.
Quedó en evidencia esta situación y a la vista de la esfera provincial con la llegada de dirigentes ligados al Frente de Todos a la localidad del Paiubre para manifestarse ante lo que consideran es una «persecución político judicial» contra el intendente, Diego Tape Caram, que se encuentra procesado por una acusación de incumplimiento de deberes de funcionario público, peculado, entre otros.
Los discursos, muy virulentos, apuntaron a la Provincia y a la Justicia local. Lo hicieron primero con un comunicado, con el que convocaron a la marcha que se desarrolló por las calles de la localidad, para luego concretar un mitin en el Sindicato de Empleados de Comercio mercedeño, en el que se rubricó una nueva misiva.
Se intentó mostrar una marcha espontánea, aunque eso no se logró, puesto que hubo poca participación de mercedeños, notándose sobremanera la presencia de libreños dirigidos por Ascua.
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