El caso que conmociona al paraje rural de Carolina tuvo un avance clave en los tribunales locales. El horror se había destapado en el aula, cuando una de las menores no soportó más el dolor físico y psicológico.
La Justicia de Corrientes dictó en las últimas horas la prisión preventiva para el hombre acusado de abusar sexualmente de manera sistemática y golpear ferozmente a sus dos hijas menores de edad, de 14 y 11 años, en un hecho aberrante registrado en la localidad de Carolina, departamento de Goya.
El imputado ya fue formalmente anoticiado de la medida dispuesta por el Juzgado de Garantías y permanece alojado en una celda de la Comisaría Primera de Goya. Fuentes vinculadas al proceso indicaron a la prensa que la resolución se sustentó en la gravedad del hecho y el evidente riesgo de entorpecimiento de la investigación, mientras se sustancia la etapa de recolección de evidencia técnica y los correspondientes peritajes psicológicos.
Por su parte, las dos hermanas damnificadas continúan bajo estricta observación médica y contención psicológica, internadas en el Hospital Regional de Goya, donde ingresaron tras ser rescatadas de su hogar. Con el objetivo prioritario de resguardar la salud mental de las menores y evitar procesos de revictimización, la fiscal interviniente, María Eugenia Ballará, solicitó de manera urgente que ambas presten declaración bajo el sistema de Cámara Gesell, que será determinante para el futuro de la causa.
En paralelo, desde la Unidad Fiscal se citó a testificar a un hermanastro de las víctimas que reside en otra vivienda. Con su relato, los investigadores buscan reconstruir la dinámica familiar de los últimos años y determinar si el contexto de sometimiento era conocido fuera de las cuatro paredes de la vivienda rural.
La trama del horror: el rol de la escuela
El caso penal se destapó el pasado martes 12 de mayo en el ámbito escolar, un entorno que volvió a funcionar como la principal red de contención institucional ante la vulneración de derechos de los menores en el Interior provincial. Según consta en el expediente judicial, la adolescente de 14 años ingresó al aula con severas marcas visibles de violencia física en su anatomía. Al detectar las lesiones, una docente la apartó del grupo para entrevistarla en un marco de privacidad y reserva.
Quebrada por el llanto, la alumna confesó el calvario que vivía en su hogar. Reveló de primera mano que su progenitor abusaba sexualmente de ella y de su hermanita de 11 años desde hacía tiempo. Además, detalló que el día anterior había sido sometida a una feroz paliza con cables de electricidad, un castigo que el acusado habría utilizado para coaccionarla a mantener el silencio bajo amenaza de males mayores.
La dirección del colegio activó inmediatamente el protocolo de urgencia para estos casos y radicó la correspondiente denuncia penal ante las autoridades de la Policía de Corrientes, lo que derivó en la inmediata intervención de la fiscal de Goya en turno. Tras los exámenes de rigor en el nosocomio local, el cuerpo médico forense constató lo peor: signos inequívocos de agresiones físicas recientes y abusos sexuales con una data prolongada en el tiempo.
Avances de la fiscalía y la lupa sobre la madre
La fiscalía ya incorporó formalmente a la causa las declaraciones testimoniales de los educadores del establecimiento y del personal médico que asistió inicialmente a las niñas. En los próximos días, el juzgado citará a declarar a una compañera de curso de la víctima mayor. Trascendió que la menor cumplió un rol determinante al contener y alentar a su amiga a romper el silencio frente a los profesores, convirtiéndose en el eslabón clave para cortar el circuito de violencia.
Asimismo, la Justicia penal requirió de forma perentoria un exhaustivo informe socioambiental para determinar las condiciones de habitabilidad y vulnerabilidad extrema en las que convivía el núcleo familiar en la zona rural.
Hasta el momento, la madre de las menores no se encuentra imputada en la causa penal. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a este diario que su situación procesal podría agravarse de forma inminente si del resultado de las declaraciones en Cámara Gesell o de los informes ambientales surge algún grado de complicidad, encubrimiento u omisión dolosa en los abusos.
Durante su declaración preliminar, la mujer adujo no haber tomado conocimiento de los ataques físicos y sexuales contra sus hijas, asegurando incluso que no presenció el momento en que su pareja flageló a la adolescente con los tendidos de cables. Su testimonio, por ahora, genera severas dudas en el entorno de la investigación.
En paralelo a la vía penal, el Juzgado de Familia de Goya tomó intervención directa en el caso para instrumentar medidas de protección excepcional. El estrado deberá definir qué familiar o institución estatal asumirá la tutela y guarda de las dos hermanas una vez que reciban el alta médica definitiva del hospital y deban reinsertarse en la comunidad, lejos del infierno en el que vivían de la mano de su propio padre.