La iniciativa, impulsada por el senador José «Pitín» Ruiz Aragón, busca regular la titularidad de los inmuebles rurales frente al avance de capitales foráneos. El texto fija un tope del 15% del territorio para manos extranjeras y protege estratégicamente recursos clave como los esteros del Iberá y las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.
04-POLITICA-OK-5El senador provincial José «Pitín» Ruiz Aragón, del Partido Justicialista (PJ), presentó formalmente un proyecto de ley mediante el que busca establecer un régimen de protección territorial en Corrientes, con el fin de frenar la venta irrestricta de campos y reservas naturales a inversores extranjeros.
La propuesta ingresó este jueves a la Cámara de Senadores de la Provincia durante la sesión ordinaria, oportunidad en la que el cuerpo legislativo resolvió girar el expediente a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para su tratamiento técnico y posterior dictamen.
Mediante esta iniciativa, se busca blindar los recursos provinciales ante la pretensión del Poder Ejecutivo nacional de derogar la Ley 26.737 de Tierras Rurales a través del Congreso de la Nación. De convertirse en norma, Corrientes adoptará dentro de su ordenamiento provincial un marco de resguardo propio de su suelo, garantizando soberanía ambiental sobre cuencas hídricas vitales y el ecosistema del Iberá.
SOBERANÍA Y
RECURSOS ESTRATÉGICOS
El corazón de la propuesta legislativa establece que la titularidad, posesión o tenencia de campos fuera de los ejidos urbanos por parte de personas humanas o empresas de nacionalidad extranjera no podrá superar el 15 por ciento de la superficie total del territorio correntino. Asimismo, fija un tope adicional del 30 por ciento dentro de esa cuota para personas o firmas de una misma nacionalidad, evitando la concentración del suelo en manos de un solo grupo económico o país.
A su vez, el proyecto incorpora la prohibición absoluta de que inversores extranjeros adquieran tierras que sean ribereñas o contengan cuerpos de agua permanentes de envergadura, así como aquellos inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
En los fundamentos del texto, Ruiz Aragón remarcó la urgencia de legislar a nivel local para salvaguardar los bienes comunes frente a los intentos de apertura irrestricta impulsados desde la Capital Federal.
«ENTREGA DEL
TERRITORIO»
Al fundamentar la iniciativa, el legislador peronista cuestionó las intenciones de la Casa Rosada y señaló que se promueve «una política de entrega del territorio nacional a la especulación financiera internacional», al tiempo que alertó sobre los riesgos de liberar el mercado inmobiliario rural a fondos y corporaciones internacionales.
AUTONOMÍA
En esa línea, en la iniciativa se aclara que el dominio originario del suelo pertenece a las provincias según el artículo 124 de la Constitución Nacional y el artículo 58 de la Carta Magna correntina, lo que habilita la regulación autonómica sin depender de los debates en el Congreso de la Nación.
Controles
Para garantizar el cumplimiento de las restricciones, el articulado dispone la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales bajo el ámbito del Poder Ejecutivo provincial. Se propone que esta repartición tenga a su cargo la elaboración de un relevamiento catastral y dominial en un plazo de 180 días, además de la emisión obligatoria de un Certificado Provincial de Habilitación para cualquier operación de compraventa inmobiliaria rural de la que participen capitales foráneos.
Contexto legislativo en diversos territorios
La propuesta del Senador justicialista no es un hecho aislado en el mapa político nacional. Diversos distritos han encarado normativas similares para proteger sus fronteras productivas y ambientales. La Provincia de Buenos Aires impulsó un registro específico para fiscalizar la concentración dominial, mientras que Neuquén remitió a sus legisladores en agosto pasado una iniciativa orientada a reservar la asignación de tierras fiscales exclusivamente a ciudadanos argentinos. De igual manera, potencias globales como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda sostienen marcos regulatorios severos sobre la propiedad rural en áreas sensibles.
De prosperar la iniciativa en el edificio de la calle Salta, toda transacción o figura jurídica que intente eludir los topes mediante testaferros o estructuras societarias complejas responderá con la nulidad absoluta de la compra, imputando además la responsabilidad patrimonial a los intermediarios que otorguen escrituras o instrumentos privados fuera de la regla legal.