El acceso a la salud y la calidad de vida de los correntinos fueron el eje central del último relevamiento realizado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencias de Datos de Corrientes (Ipecd), correspondiente al primer semestre de 2025. Según los datos arrojados por la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), el 55,5 por ciento de los habitantes del Aglomerado Corrientes Capital posee algún tipo de cobertura, ya sea obra social, mutual, prepaga o servicio de emergencia. En contrapartida, el informe destaca que una porción significativa de la ciudadanía, el 44,5 por ciento, carece de estos beneficios y depende exclusivamente del Estado para atender sus necesidades sanitarias.
Más allá de la tenencia de cobertura, el estudio analizó el comportamiento de los vecinos a la hora de asistir al médico. Durante el primer semestre de 2025, el 46,7 por ciento de la población declaró haber realizado al menos una consulta a un profesional de la salud en el último año. Sin embargo, al desglosar la evolución trimestral, se observa una marcada disminución en la frecuencia de estas visitas en comparación con el 2024. En el primer trimestre de este año, la asistencia fue del 48,6 por ciento, lo que representa una caída de 21,3 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior. La tendencia se mantuvo en el segundo trimestre, con una baja interanual de 22,56 puntos, registrando una asistencia del 44,7 por ciento.
En cuanto a los motivos que impulsan a los correntinos a visitar un centro de salud, la prevención sigue siendo la prioridad. El 93,8 por ciento de las consultas realizadas correspondieron a controles o acciones preventivas, mientras que solo un 6,2 por ciento se debió a dolencias, afecciones o enfermedades específicas. La modalidad predominante para acceder a la atención fue el turno programado, utilizado en el 95,6 por ciento de los casos, relegando a las guardias y emergencias a un 3,7 por ciento y a la atención domiciliaria a un marginal 0,8 por ciento.
El informe también pone de relieve el rol fundamental del sistema público, no solo para quienes carecen de obra social, sino como garante de la atención de urgencia. Si bien para las consultas generales el uso de establecimientos se divide de manera relativamente pareja, con un 55,3 por ciento acude al sector público y un 44,7 por ciento al privado, la situación cambia drásticamente ante una emergencia. En situaciones de guardia o urgencia médica, el 87,2 por ciento de los encuestados recurre a hospitales o centros de salud públicos, demostrando la alta dependencia de la infraestructura estatal en momentos críticos.
Finalmente, los datos del Ipecd evidencian una clara segmentación en el uso de los servicios de salud según el nivel de ingresos de los hogares. Existe una relación directa entre el poder adquisitivo y la elección del establecimiento: en los quintiles de menores ingresos (1 y 2), la asistencia al sistema público roza el 90 por ciento (89,1 por ciento y 89,2 por ciento respectivamente). Por el contrario, en el quinto quintil, que agrupa a la población con mayores recursos, la tendencia se invierte, ya que el 65,5 por ciento de las personas opta por atenderse en instituciones del sector privado.
