Fue la doctora Corbacho, quien desde la Capital Federal se refirió a la causa que acapara la atención del mundo tribunalicio, el político y la opinión pública. Subyace como telón de fondo una sórdida maniobra para quedarse con el cobro del Juzgado Federal más importante de la provincia. La abogada capitalina reveló aspectos que anticipan decisiones fuertes en una causa floja de papeles. Hubieron actuaciones reservadas, faltan piezas procesales clave para el análisis, y no queda en claro por qué la Fiscalía terminó negociando con los presuntos narcotraficantes, entre ellos el famoso Federico «Morenita» Marín, con el propósito de perjudicar a los funcionarios judiciales dejando de lado la investigación del hecho principal. Como broche de oro, Corbacho involucró de lleno a los fiscales en la presuntamente irregular entrega de vehículos. Los mismos participaron y no objetaron, lo cual les impide ahora actuar como lo hacen.
02-03-POLITICAValeria Corbacho, abogada del secretario letrado del Juzgado Federal de Corrientes, Pablo Molina, detenido en la causa Sapucay, dialogó con el programa La Otra Campana, conducida por Gustavo Adolfo Ojeda y Darío Ramírez.
En animada charla, la letrada comentó aspectos del proceso legal en el espacio que se transmite por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, de Curuzú Cuatiá.
A continuación, lo más sobresaliente de la conversación.
¿Cuál es la situación actual de su defendido en la causa Sapucay?
-Se ha determinado que no es la causa Sapucay, eso lo ha dicho con claridad. Se ha determinado que el objeto procesal de investigación en esta causa, no es el mismo que ha sido el objeto procesal de la causa Sapucay, porque se están investigando otras situaciones según lo que solemos llamar la teoría del caso de la Fiscalía. Es decir, lo que la Fiscalía entiende que tiene que probar a lo largo del juicio y estamos sumamente esperanzados en demostrar que están absolutamente equivocados y que ellos sabían de entrada, que lo que pretenden probar no es así y nunca ha ocurrido. La situación de Pablo Molina que ha sido secretario del Juzgado Federal Penal Nº 1 de Corrientes durante muchísimos años, es la misma que la del resto de los imputados. Allí también está el juez Soto Dávila y el doctor Grau, también hay otros abogados de la matrícula, que seguramente son conocidos por todos ustedes. Estamos en estos momentos para enfrentar el debate. Hemos comenzado hace dos semanas con las cuestiones preliminares donde se han planteado distintas situaciones. Concretamente, lo que planteé yo es la nulidad de todo lo actuado, explicando por qué esta causa no puede avanzar. La decisión la puede tomar ahora el Tribunal en la sentencia, por cómo se ha investigado. Esta causa se ha investigado acá en Buenos Aires.
En Comodoro Py.
-En Comodoro Py, el doctor Torres esta es una investigación que la hizo directamente el Juzgado y se hizo de una manera que no es la que establece el Código y la Constitución. No estamos hablando solamente de una ley menor. En el proceso se garantizan determinadas garantías, tanto para el imputado, como para el fiscal que representa los intereses de toda la sociedad. Concretamente estoy hablando de la transparencia del proceso. El proceso se tiene que encaminar a que todo lo que pase adentro del expediente, sea exactamente la reconstrucción de la verdad. Eso es a lo que apuntan las normas del Código Procesal en virtud de lo que establece nuestra Constitución nacional. Eso es lo que tiene que haber dentro de cualquier expediente penal. Para eso, todas las pruebas que uno va logrando tienen que estar adentro de un expediente con determinadas formas y ese expediente hoy por hoy está dentro de un sistema, que incluso es informático que permite la transparencia y el acceso a las partes del proceso y eso no ocurrió así. Esta causa se investigó secretamente, había un expediente y otro paralelo. Así lo expresa el Juez que va a juntar las pruebas en un expediente paralelo, para que los imputados no puedan acceder, con eso pretendían garantizar el éxito de la investigación. Y así lo hizo durante un año y un mes, con lo cual las pruebas que puso o dejó de poner en ese legajo, son las que el Juez quiso poner porque obviamente así no se investiga, o sea muchas veces siempre la gente tiene la fantasía de decir «las pruebas que hay ¿están todas en el expediente? ¿Puede haber otras pruebas? No señores». Sólo lo que hay en el expediente es lo que vale, no puede haber pruebas secretas. Nosotros no tenemos un sistema donde puede venir el Fiscal y decir: «Yo tengo esta prueba que no la puse en el expediente». De la misma manera, todos los acuerdos tienen que ser transparentes, con cada uno de los imputados. Todo lo que suceda se tiene que documentar de la manera fehaciente de lo que ocurre en el expediente.
¿Actualmente el expediente se encuentra de fácil acceso?
-Lo que yo puedo ver ahora es lo que permitió el Juez en su momento que se viera. Todo lo que pasó durante un año y un mes, si hay otras pruebas, si no ¿Cómo se conformaron esas pruebas y además esto venía de otra investigación que también se hizo de esa manera? La verdad es que yo no sé cómo se hizo todo eso. El Poder Judicial es uno de los poderes de los tres poderes del Estado y tiene la misma obligación que el poder Ejecutivo y el Legislativo, estamos hablando de la publicidad de los actos de los funcionarios públicos. Estamos hablando de la República. Esto es parte de eso. Lo que pasó en ese momento, lo que tengo documentado, es lo que quisieron documentar cuando lo hicieron público. Cuando decidieron hacerlo público para las partes, en ese momento es lo que yo tengo. Lo que hicieron mientras fue secreto. Porque además lo explica así: lo voy a hacer secreto dice para extraerlo del conocimiento de los imputados. Lo que fue secreto desconozco.
Monitorear todo esto a mil kilómetros, cuando los imputados no pueden expresarse, cuando la Constitución misma es clara al respecto y también los Códigos ¿Podríamos expresar en un término jurídico que es nulo este procedimiento?
-Absolutamente nulo de nulidad absoluta. Es de sentido común, esto lo entiende cualquiera, se hizo por fuera de la ley, pero con absoluto perjuicio para las personas que están siendo sometidas a juicio. No obstante eso, si tenemos que discutir la imputación, el fondo de la imputación, que para la Fiscalía consiste en sospechar o pretender imputar a los funcionarios judiciales, de haber solicitado o aceptado dádivas para hacer o no hacer algo vinculado a su función, existen determinadas causas que ellos han señalado determinadas resoluciones judiciales en el marco de esas causas, a partir de las cuales dicen «por tales resoluciones, habrían percibido dádivas». No hay ninguna y lo puedo demostrar, prueba que demuestre. No hay escuchas, no hay datos, es absolutamente imposible de mostrar lo que dice, justamente porque el hecho no existió en ese sentido, la teoría del caso de la Fiscalía. Por el contrario, les voy a decir algo que demuestra que no fue así y que en cada una de esas resoluciones que hicieron para beneficiar a alguien, están absolutamente hechas en concordancia con la ley y fueron avaladas, consentidas por los propios fiscales que hoy están acusando: me refiero a los fiscales Ferrini y Schaefer. ¿Cómo fueron avaladas y consentidas? Porque no apelaron, porque se notificaron y consintieron cada una de esas resoluciones que se le cuestiona al Juez y a cada uno de los secretarios. Esta es la causa que está siendo sometida a juicio, dejo al criterio de cada uno que piense por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo.
Si todo este embate judicial se hace contra un juez Federal, sin ninguna duda alguien está interesado de manejar el Juzgado que tiene competencia Electoral. Si todo este embate se hace contra un juzgado, ¿qué puede esperar de la administración de justicia el ciudadano de todos los días? Esto habla de una inseguridad jurídica que tenemos que estar atentos todos los ciudadanos.
-Totalmente de acuerdo y realmente no es para desanimar, incluso en momentos tan complejos que estamos viviendo como país. Pero realmente su reflexión es absolutamente cierta. Si no tenemos seguridad jurídica, nunca vamos a lograr tener seguridad en todos los aspectos. La seguridad jurídica es la que permite tener reglas claras en todo sentido. La seguridad jurídica implica que un país tiene reglas y las mismas se cumplen y si no los jueces hacen lo que la ley dice que tiene que hacerse.
Por último. ¿Qué expectativa tiene respecto a la causa y los plazos que quedan?
-Expectativas, nosotros llegamos a un debate esperanzado, porque sabemos que venimos a discutir un hecho o hechos que no existieron y así lo vamos a demostrar. Y respecto a los plazos, es la pregunta más difícil que me hizo, porque sabemos cuándo inicia un Juicio, pero no cuando termina. Eso no te lo puedo responder.
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