El pasado miércoles 14, Fernando Ojeda, periodista del medio TV del Chaco, se acercó al gobernador de la vecina provincia, Leandro Zdero en la localidad de Margarita Belén para hacerle una pregunta que, en otro contexto, sería de rutina: el estado del agua potable en la zona. Lo que vino después quedó grabado, se viralizó en pocas horas y encendió el debate sobre los límites del poder frente a la prensa en el Chaco.
Zdero no respondió. Lo descalificó. «Entiendo que sos militante kirchnerista», le dijo mientras seguía caminando junto a su custodia. Minutos después, y ya fuera del predio donde se realizaba el acto en el Club San Martín, un móvil policial interceptó a Ojeda. Fue detenido. Permaneció en la comisaría local desde las 18 hasta la 1 del jueves 14, bajo la acusación de «promover desorden» y «violar el perímetro de seguridad» del Gobernador, figuras contempladas en el artículo 60 del Código de Faltas provincial.
«El gobernador Leandro Zdero mandó a que me metieran preso», afirmó el periodista de 25 años una vez recuperada su libertad. «Me trató de kirchnerista. Me parece que no entiende el rol del periodismo», agregó Ojeda.
Al retirarse del lugar -detalló-, notó que dos personas con ropas similares a las de la custodia lo seguían. «Preparé mi cámara porque ya presentía que algo andaba mal. Ahí comenzaron a gritarme y empezó una situación muy violenta», dijo.
EN BLOQUE
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) ya venía alertando, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa celebrado apenas doce días antes, sobre el deterioro del clima para el ejercicio del periodismo en Argentina.
En ese comunicado, la entidad subrayó que «el acceso a la información y la posibilidad de indagar y difundir hechos de interés público son estándares imprescindibles», y advirtió que la descalificación y el hostigamiento a periodistas «erosionan el debate público y debilitan la calidad democrática».
La Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA) emitió un comunicado de repudio en el que calificó la detención de Ojeda como «arbitraria» y recordó que los funcionarios públicos tienen la obligación de responder ante la prensa como parte de su deber de transparencia.
«Nuestra entidad reitera que los funcionarios públicos, en este caso el gobernador Zdero, tienen la obligación de responder a la prensa porque es una de las formas de ser transparentes en su actuación como servidores públicos», sostuvo la entidad, que también advirtió sobre la escalada de agresiones y actos de censura contra periodistas en la provincia.
El Sindicato de Prensa del Chaco, la Asociación de Medios de Comunicación provincial y el bloque opositor del Frente Chaqueño también sumaron sus repudios. Desde la oposición peronista, el caso fue caracterizado como «un gravísimo atentado contra la libertad de prensa y un mensaje intimidatorio hacia todo el periodismo chaqueño». La Asociación de Medios chaqueña fue más directa aún: «Ningún gobierno puede pretender acallar las voces críticas ni condicionar el trabajo de los medios.»
Una acumulación de crisis
En el Chaco sostienen que quizás no sea casualidad que Fernando Ojeda haya terminado preso. El periodista llevaba días haciéndole preguntas al Gobernador sobre temas que el oficialismo chaqueño preferiría no ver en los titulares.
El episodio de Margarita Belén fue, de hecho, la segunda vez en pocos días que Ojeda lo interpelaba públicamente: antes, en Colonia Elisa, le había preguntado sobre el escándalo de la «falsa médica», un caso que golpea directamente al Ministerio de Salud. En ese contexto, repasar los principales frentes abiertos de la gestión Zdero ayuda a entender por qué ciertas preguntas incomodan tanto.
La falsa médica y el derrumbe sanitario: el caso más resonante de los últimos meses es el de Lidia Mabel Ojeda, una mujer que durante casi un año atendió pacientes en hospitales públicos haciéndose pasar por médica con una matrícula profesional que no le pertenecía. El Frente Chaqueño presentó una denuncia judicial contra Salud por las fallas de control. El Gobierno intentó reaccionar, pero la oposición y la opinión pública lo leyeron como un reconocimiento implícito de falencias estructurales.
La cláusula gatillo y el conflicto docente: en julio de 2025, Zdero suprimió unilateralmente el ítem que actualizaba los salarios docentes según la inflación. El mecanismo había sido una de sus banderas de campaña. La medida desató un conflicto que llegó a los tribunales y que al día de hoy no está resuelto. El Superior Tribunal de Justicia declaró la decisión «regresiva» y contraria a la Constitución provincial.
El agua, la Sameep y los servicios básicos: la pregunta que Ojeda nunca pudo terminar de hacer en Margarita Belén era precisamente sobre el agua potable, un problema crónico en varias localidades chaqueñas que la gestión Zdero no logró resolver. La empresa estatal Sameep (Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial) acumula reclamos por la irregularidad en la provisión del servicio, especialmente en el interior provincial.
El derrumbe de la imagen: el peso acumulado de estos escándalos tiene correlato en los números. Según datos de CB Global Data, Zdero quedó posicionado entre los cuatro gobernadores con peor imagen del país, con una tendencia descendente que aleja la perspectiva de una reelección que al inicio de su mandato parecía posible.
El periodismo como enemigo
Lo que ocurrió en Margarita Belén no fue un episodio aislado sino un eslabón de una cadena que tiene su vértice más visible en la Casa Rosada. El presidente, Javier Milei lleva meses en un enfrentamiento abierto con el periodismo que no le resulta afín, y que en las últimas semanas alcanzó una intensidad sin precedentes en la historia democrática argentina.
A fines de abril de 2026, la administración Milei tomó una decisión que sacudió al gremio periodístico: prohibió el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada.
La medida se activó tras la difusión de un video grabado por un cronista con anteojos inteligentes dentro del edificio, y lo que comenzó como la revocación de una acreditación individual se extendió en pocos días a la totalidad de los periodistas que cubren la actividad oficial. El cierre de la histórica Sala de Prensa -con más de cien años de funcionamiento ininterrumpido en la sede del Ejecutivo- fue condenado por Adepa, por la Iglesia Católica, por legisladores de distintos bloques y por organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa.
Mientras la polémica escalaba, Milei multiplicó sus ataques en redes sociales. Llamó «basuras inmundas» a los periodistas, calificó de «ensobrados y corruptos» a quienes cubrían su gestión, reposteó una imagen generada por inteligencia artificial en la que se veía a una periodista vestida con traje de presidiaria naranja.
La Asociación de Prensa extranjera y el Comité para la Protección de los Periodistas alertaron sobre «el aumento de la hostilidad del gobierno hacia la prensa». La Agencia Associated Press consignó que Argentina atravesaba un conflicto con el periodismo como no se había visto desde la recuperación de la democracia en 1983.