Un capitalismo sin reglas concentra riqueza y poder, debilita la competencia y excluye cuando impide que amplios sectores participen de sus beneficios. Si esa concentración se articula con liderazgos que consideran a las instituciones un obstáculo, la desigualdad amenaza con convertirse en subordinación política. La pregunta para Occidente es cómo fortalecer una democracia capaz de asegurar oportunidades, rectificar injusticias y establecer límites a los poderes que condicionan nuestras comunicaciones, comportamientos y hasta la seguridad de los Estados.
En el libro “La rebelión de Atlas», su autora Ayn Rand construye una analogía en la que los creadores y productores sostienen la sociedad como Atlas sostiene el mundo, y cuando retiran su contribución sobreviene el derrumbe. Esa exaltación del mérito puede alentar una interpretación peligrosa cuando algunos empresarios se atribuyen superioridad moral y pretenden quedar por encima de las obligaciones comunes. Sin embargo, Rand también rechazaba el favoritismo estatal, por lo que invocarla mientras se reclaman privilegios públicos expone una contradicción para discutirse.
La disputa entre Donald Trump y Elon Musk dejó esa tensión a la vista cuando, el 5 de junio de 2025, el presidente amenazó con cancelar subsidios y contratos públicos de sus empresas, y Tesla cayó un 14,3 % en esa jornada. El episodio mostró la importancia que el mercado atribuía a esos vínculos con el Estado y el peligro de convertirlos en instrumentos de represalia personal. Una contratación pública, y también su revisión, deben responder a leyes y a resultados verificables, nunca a amistades presidenciales.
La cuestión tributaria exige precisión, porque si bien Estados Unidos tiene escalas progresivas, parte del enriquecimiento de las grandes fortunas puede permanecer sin tributar mientras sus activos no se venden. Un estudio de Danny Yagan estimó una tasa efectiva del impuesto federal a las personas del 9,6 % para las cuatrocientas familias más ricas, incorporando los cambios patrimoniales. Ese dato no abarca todos sus impuestos ni describe a la totalidad del uno por ciento, pero revela la importancia de reflexionar cómo se grava el enriquecimiento.
Peter Thiel escribió en 2009 que ya no creía compatibles la libertad y la democracia, y la convergencia entre Trump y sectores de la derecha tecnológica nos lleva a preguntarnos qué libertad defienden y quién puede ejercerla. La dependencia de Ucrania de los servicios satelitales de SpaceX ilustra los riesgos estratégicos, mientras que los fallos civiles contra Meta muestran que todavía existen herramientas para exigir responsabilidades. La innovación necesita competencia y controles capaces de impedir que infraestructuras indispensables se conviertan en poderes incontestables.
Karl Popper, en su obra “La sociedad abierta y sus enemigos», defendió instituciones que permiten corregir errores y reemplazar pacíficamente a los gobernantes, y desde esa mirada, ganar elecciones no faculta a destruir los controles que permitirían perder las siguientes. Carl Schmitt ofrece un contrapunto autoritario, ya que sus categorías de soberanía, excepción y enemigo ayudan a examinar cómo se pretende desplazar las reglas cuando cada discrepancia se presenta como amenaza. Esa lógica convierte al adversario en alguien cuya exclusión parece necesaria para salvar a la comunidad.
La democracia se degrada cuando dirigentes y poderes fácticos la degradan, debilitan sus controles y bloquean su capacidad de responder a las demandas sociales, y después ese fracaso puede utilizarse para desacreditarla. Algo semejante sucede cuando se llama comunista a cualquiera que discrepa o marxismo gramsciano a toda transformación cultural, y la discusión de ideas queda sustituida por etiquetas. También deben rendir cuentas los partidos, incluidas las fuerzas socialdemócratas, cuando administran las desigualdades como inevitables y se convierten en anestesistas del orden que prometieron reformar.
Michel Foucault estudió cómo el poder disciplina los cuerpos, organiza las conductas y administra a las poblaciones, y su análisis de la biopolítica ofrece preguntas para nuestro presente, aunque no haya anticipado las plataformas digitales. El conocimiento sobre emociones y comportamientos, potenciado por la neurociencia y la inteligencia artificial, necesita garantías contra aplicaciones abusivas, porque la dignidad humana no puede depender de la rentabilidad ni de la utilidad tecnológica. La democracia debe asegurar transparencia, protección de datos y posibilidades efectivas de cuestionar las decisiones que condicionan nuestras vidas.
El filósofo italiano Giorgio Agamben recupera dos términos griegos, zoé , el hecho de vivir, compartido por todos los seres vivientes, y bíos, la forma particular de vida de una persona o de una comunidad. También rescata la figura romana del homo sacer, expuesto a una muerte sin la sanción ordinaria del homicidio y excluido del sacrificio religioso, que permite interrogar el abandono jurídico de quienes permanecen sometidos al poder mientras pierden su protección, una desprotección que es producida políticamente y que no pertenece naturalmente a la zoé. Esta descripción se asemeja a una humanidad debilitada por un capitalismo sin reglas que considera a los seres humanos como en Grecia a los Zoé y no como bios en comunidad y con dignidad
El filósofo italiano sobreviviente del holocausto, Primo Levi aporta la responsabilidad del testimonio, ya que en su obra “Si esto es un hombre» y «Los hundidos y los salvados» describe la destrucción de la individualidad en Auschwitz y recuerda a quienes murieron o quedaron imposibilitados de contarla, una ausencia que Agamben retoma en su obra “Lo que queda de Auschwitz». Relacionar estas reflexiones con el presente exige preservar las diferencias históricas, para comprender los procesos de desprotección de las personas sin equiparar cualquier injusticia con el exterminio.
La democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y la construcción de ciudadanía, junto con un capitalismo inteligente sujeto a reglas , hacen posible sociedades socialmente sostenibles. La innovación, la inversión y la competencia deben traducirse en trabajo digno, oportunidades y participación, con instituciones capaces de evitar los abusos y corregir las injusticias.
Si Occidente renuncia a sus valores e instituciones, abre espacio al autoritarismo competitivo, con elecciones formalmente subsistentes mientras se deterioran las libertades y la disputa por el poder se vuelve desigual. Esa renuncia debilita también su legitimidad para defender un orden internacional basado en el derecho, porque cuando las normas quedan subordinadas a la conveniencia del poderoso, se expande la ley del más fuerte y el mundo se vuelve inestable e impredecible. La Constitución, el pluralismo y los derechos son fuentes de fortaleza, y abandonarlos implica renunciar a lo que distingue a nuestra cultura democrática y a un futuro de convivencia.
Noel Eugenio Breard – Senador Provincial UCR.