Por Jorge Gómez
Las dos provincias tienen razones para impulsar una agenda hidroeléctrica común. Su valor dependerá de convertir el recurso en energía competitiva, industria y empleo local, con beneficios exigibles y límites ambientales claros.
Corrientes y Misiones deberían poner a Garaví entre sus prioridades de desarrollo. Hay una razón económica concreta: disponer de más energía puede ampliar las posibilidades de producir, transformar y agregar valor cerca del lugar donde nacen las materias primas. Pero esa oportunidad exige algo más que una represa. Hace falta un acuerdo que vincule la generación con las redes eléctricas, la inversión industrial y los intereses de quienes habitan el territorio.
La escala merece atención. El inventario concluido en 2010 identificó dos aprovechamientos: Garaví, con 1.152 megavatios, y Panambí, con 1.048. Los 2.200 MW pertenecen al conjunto binacional histórico; no son la potencia de Garaví sola ni una cuota reservada para Corrientes y Misiones. Tampoco equivalen a generación constante: la energía efectiva depende del agua disponible y de las condiciones de operación.
La energía tiene que llegar a la producción Esa precisión fortalece la defensa del proyecto. Una política seria comienza por saber qué se está proponiendo, cuánto cuesta y quién recibe sus beneficios. El Nordeste necesita una discusión capaz de atravesar gobiernos sin quedar atrapada entre anuncios grandilocuentes y expedientes inmóviles.
Para Corrientes, la oportunidad consiste en ampliar la transformación de su producción forestal y agropecuaria. La disponibilidad eléctrica, acompañada por redes suficientes, podría favorecer procesos de aserrado, elaboración de tableros, industrialización de alimentos y refrigeración.
Para una Pyme, una conexión confiable y un costo previsible pueden pesar tanto como una exención impositiva al decidir una ampliación. Misiones tiene un interés igualmente concreto: fortalecer la cadena foresto industrial y el procesamiento de yerba mate, té y alimentos. La electricidad puede acompañar la mecanización, la clasificación, el envasado y otros procesos fabriles; no corresponde atribuirle por sí sola la solución de todas las necesidades térmicas del secado.
Una estrategia productiva debe partir de la demanda real de cada actividad. Para ambas provincias, el objetivo debería ser que una proporción mayor del valor agregado quede en origen. Eso requiere energía, pero también crédito, logística, capacitación y mercados. Garaví podría integrar ese conjunto de condiciones. Prometer que una central, por sí misma, traerá industrias sería confundir una oportunidad con un resultado.
La cercanía de una represa tampoco garantiza una factura más baja ni elimina los cortes. El precio final depende de contratos, transporte, distribución e impuestos; la calidad del servicio exige inversiones en la red. Por eso, cualquier negociación provincial debería incluir puntos de conexión, refuerzos eléctricos, plazos y un mecanismo transparente de acceso para el desarrollo productivo. Si se acuerdan condiciones preferenciales, debe explicarse quién las financia.
El empleo merece la misma honestidad. La construcción puede movilizar obras civiles, transporte, talleres y servicios, pero ese impulso es transitorio. La central en operación demanda menos trabajadores que su montaje. El beneficio duradero dependerá de proveedores regionales capaces de competir y de empresas que inviertan aprovechando la nueva infraestructura.
Formar oficios y facilitar el acceso de pymes a contratos debe comenzar antes de la obra. Los beneficios deben quedar acordados antes de comprometer el territorio. Corrientes y Misiones deberían reclamar reglas públicas para las regalías y compensaciones que correspondan, recursos para los municipios afectados y obras de infraestructura con responsables y fechas.
Las familias eventualmente desplazadas necesitan soluciones habitacionales y medios de vida verificables. El balance provincial no puede construirse sobre pérdidas concentradas en comunidades que nunca participaron de la decisión. La cuestión ambiental forma parte de la viabilidad económica.
En abril de 2021, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Brasil mantuvo la suspensión del licenciamiento y de los estudios del complejo, en una controversia vinculada con Panambí y la afectación del Parque Estadual do Turvo. Ese antecedente obliga a distinguir diseños y restricciones; no habilita a suponer que cualquier alternativa está prohibida ni que un rediseño ya está autorizado.
Un acuerdo que beneficie al territorio Misiones, además, establece en su Ley IV Nº 56 un plebiscito obligatorio y vinculante para la realización de emprendimientos hidroeléctricos y represas. La misma ley atribuye a su Cámara de Representantes la autorización de los estudios previstos. La participación ciudadana debe organizarse desde el inicio, con información comprensible y alternativas comparables.
Defender Garaví exige comparar su costo completo -incluidas redes, compensaciones y medidas ambientales- con otras opciones de abastecimiento. Hay que evaluar sequías, cambios hidrológicos, biodiversidad e impactos acumulados en la cuenca. Una menor superficie de embalse, por sí sola, no demuestra menor daño ni mayor rentabilidad. Los rediseños necesitan estudios independientes antes de convertirse en compromisos políticos.
La alianza entre Corrientes y Misiones es decisiva porque permite negociar una agenda productiva y territorial común con Rio Grande do Sul y los gobiernos nacionales. Crecenea-Codesul podría servir como ámbito de coordinación, con participación de municipios, universidades, empresarios y comunidades. Esa mesa debería promover información pública y evaluación independiente, respetando las competencias nacionales y binacionales.
La financiación también debe probarse. Ningún incentivo sustituye compradores solventes, costos auditables y una distribución clara de riesgos. Si se busca capital privado, habrá que demostrar bajo qué condiciones invertiría y qué compromisos asumirían los Estados. La voluntad política puede abrir una negociación; no reemplaza el cierre financiero.
Por eso Garaví merece ser un proyecto de Corrientes y Misiones: porque puede contribuir a producir más y mejor en ambas provincias, siempre que el desarrollo local forme parte del acuerdo desde el comienzo. La decisión inmediata es impulsar estudios rigurosos y negociar beneficios exigibles. La decisión de construir deberá ganarse con esos resultados. El éxito se medirá en empresas que crezcan, comunidades que mejoren y oportunidades que permanezcan mucho después de terminada la obra.
El autor es Ingeniero. Ex Presidente de la Federación Económica de Corrientes.