Noel Eugenio Breard*
La discusión sobre la inteligencia artificial ya no puede ordenarse entre izquierda y derecha, estatistas y liberales, porque las principales potencias comprendieron que cuando una tecnología afecta la seguridad nacional, la economía, la información, el empleo, la salud y hasta la autonomía de las personas, poner reglas no es una posición ideológica sino un ejercicio de soberanía. La humanidad ya recorrió caminos parecidos, y conviene recordarlo. Nadie propone que una central nuclear funcione sin controles porque la energía nuclear genera beneficios enormes, ningún laboratorio lanza un medicamento al mercado solamente porque asegura que funciona, y la aviación opera bajo protocolos estrictos porque hay errores que no admiten corrección. No encuentro la razón por la cual deberíamos aplicar un principio distinto a la inteligencia artificial.
La regla podría ser sencilla: a mayor capacidad de producir daño, mayores exigencias de seguridad, transparencia y responsabilidad. Una aplicación que recomienda una película no puede recibir el mismo tratamiento que un sistema capaz de intervenir sobre infraestructura crítica, diseñar moléculas o adoptar decisiones autónomas. Puede discutirse cuánta probabilidad existe de que una inteligencia artificial avanzada llegue algún día a representar una amenaza mayor, aunque mientras discutimos eso hay riesgos bastante más inmediatos (ciberataques, manipulación informativa, uso de datos personales, biotecnología, concentración extraordinaria de información y de decisión) que ya están funcionando entre nosotros.
Para los países vulnerables el desafío es doble, porque no solamente tenemos que decidir cómo regular la inteligencia artificial, también debemos preguntarnos quién controla los datos, los algoritmos, la nube, los centros de datos, los chips, la capacidad de cómputo y el conocimiento sobre los cuales va a funcionar una parte creciente de nuestra economía. Esa segunda pregunta suele quedar afuera del debate público, y es la que define el resultado.
Estados Unidos, más allá de la ideología del gobierno de turno, sabe que su liderazgo tecnológico es poder estratégico, y su propio federalismo demuestra que mercado y regulación no son incompatibles, porque hay estados que llevaron a las grandes plataformas ante los tribunales por los efectos de ciertas prácticas digitales sobre chicos y adolescentes. China siguió otro camino y construyó tempranamente capacidad propia, infraestructura, plataformas y empresas bajo un modelo de fuerte conducción estatal, que no es trasladable a nuestra tradición democrática pero que revela una convicción: la autonomía tecnológica forma parte de la soberanía nacional. Europa quizás ofrezca la experiencia más útil para nosotros, porque primero construyó regulación y protección de derechos, y después comprendió que eso tampoco alcanzaba, ya que se puede regular una tecnología y seguir dependiendo de la tecnología de otros. La Unión Europea reúne veintisiete Estados, con veintisiete historias, intereses y banderas, y entendió que hay desafíos frente a los cuales la integración no disminuye las soberanías nacionales sino que puede fortalecerlas mediante una escala que ninguno de sus miembros alcanzaría por separado.Sería un infantilismo político imaginar que la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay o cualquier otro país latinoamericano podrá enfrentar individualmente la dimensión tecnológica del siglo XXI, y ni siquiera Brasil, por su tamaño, escapa a ese límite frente a empresas cuyo valor económico compite con el de muchos Estados. Ahí está nuestra verdadera discusión, y de ahí se desprende que la inteligencia artificial debe convertirse en una política de integración regional.
Tenemos un antecedente extraordinario en el proceso iniciado por Raúl Alfonsín y José Sarney en 1985, cuando la Argentina y Brasil decidieron transformar una historia de desconfianzas en cooperación progresiva, con protocolos que avanzaron sobre cuestiones económicas e industriales, ciencia, tecnología y cooperación nuclear. Aquella construcción gradual terminó siendo uno de los pilares políticos que hicieron posible el Mercosur, y el método sigue siendo válido, porque la integración no necesita comenzar por todo sino por aquello que resulta estratégico compartir.
Cuarenta años después necesitamos recuperar ese espíritu para una realidad distinta, y el Mercosur debería avanzar hacia un Protocolo Regional de Inteligencia Artificial y Soberanía Digital, no para levantar una muralla tecnológica ni para copiar mecánicamente a Estados Unidos, China o Europa, sino para generar capacidades propias y negociar desde una posición más firme. Una primera etapa podría integrar investigación científica, formación de recursos humanos, infraestructura regional de cómputo, ciberseguridad, estándares comunes para sistemas de alto riesgo y proyectos conjuntos entre universidades, Estados y empresas. También hay que determinar qué datos consideramos estratégicos, qué infraestructura crítica no puede depender enteramente de decisiones que se toman fuera de la región, y en qué sectores (salud, energía, defensa, agroindustria, educación) la inteligencia artificial puede transformarse en una verdadera política de desarrollo. Una segunda etapa debería ampliar esa cooperación hacia el resto de América Latina y establecer alianzas con otros bloques, porque hablamos de integración abierta y no de aislamiento.
Aquí recupera enorme actualidad una idea de Aldo Ferrer, cuando sostenía que cada uno tiene la globalización que se merece, porque la globalización no determina mecánicamente el destino de los países y lo que importa es la capacidad de respuesta que cada sociedad construye frente a ella. Ferrer advertía también sobre la existencia de países globalizantes y países globalizados, esa vieja relación entre centro y periferia que no desapareció sino que cambió de instrumentos, porque durante buena parte del siglo XX la dependencia se medía en capital, manufacturas, energía y financiamiento, y en el siglo XXI se mide además en datos, algoritmos, chips, plataformas y capacidad de cómputo.
Por eso no veo contradicción alguna entre integración y soberanía, y en ciertas áreas ocurre exactamente lo contrario, ya que una integración inteligente puede multiplicar soberanía. La Argentina necesita inversión, innovación y vínculo con las empresas tecnológicas más avanzadas del mundo, aunque inserción internacional no significa subordinación tecnológica, porque abrirse sin estrategia no siempre es modernizarse y muchas veces es apenas cambiar una dependencia por otra. Nuestra hoja de ruta debería tener tres movimientos simultáneos: regular según el riesgo, construir capacidades propias e integrarlas regionalmente para alcanzar escala.
Durante dos siglos discutimos quién controlaba el territorio, los minerales, el petróleo, el agua y las rutas comerciales, y el siglo XXI incorporó otros recursos estratégicos a esa lista larga de disputas. La pregunta que viene es quién controla nuestros datos, nuestros algoritmos y las máquinas que participan cada vez más en nuestras decisiones. Sospecho que para América Latina esa respuesta difícilmente pueda construirse en soledad, y que la soberanía digital, como todas las soberanías reales, no se declara: se construye de a poco, con cooperación, con escala y con la paciencia de quienes saben que las cosas importantes llevan tiempo.
*Senador Provincial UCR.