Lo que comenzó como una serie de inscripciones inquietantes en los baños y mensajes virales en grupos de WhatsApp, derivó en advertencias de la Policía de Corrientes y una decisión sin precedentes para la educación correntina. A partir de este lunes 20 de abril, los alumnos de la Escuela Normal «José Manuel Estrada» deberán asistir a clases bajo una restricción: no podrán llevar mochilas.
La medida, comunicada por la Rectoría del establecimiento, establece que los estudiantes solo podrán ingresar con sus carpetas (específicamente las de las materias del día) y las cartucheras.
El objetivo es drástico pero lógico en este contexto de alerta: simplificar los procesos de control en la entrada y agilizar el ingreso, evitando las requisas minuciosas que ralentizarían el inicio de la jornada.

El «Día D» del reto viral
La elección de este lunes 20 no es casual. Según las investigaciones que lleva adelante la Policía de Corrientes y la fiscal Lucrecia Troia Qirch, esa es la fecha señalada en varias de las amenazas detectadas en instituciones como el Colegio Nacional y el Instituto Roubineau.
Aunque el jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón, aseguró que la situación está «bajo control» tras haber individualizado a seis alumnos varones como los presuntos responsables de difundir estos «challenges» de TikTok, el clima de desconfianza obligó a extremar los recaudos.
La Escuela Regional, si bien aclaró que las amenazas le afectaron «en menor medida», decidió no correr riesgos y aplicar este protocolo de seguridad preventiva en coordinación con las fuerzas policiales.
Un despliegue de seguridad que no cesa
Mientras la Regional opta por dejar las mochilas en casa, otros establecimientos como el Roubineau mantienen la modalidad de revisión de pertenencias por parte de personal policial antes de entrar a las aulas. En total, son 13 los colegios que permanecen bajo vigilancia (6 en Capital y 7 en el Interior).
Desde el Ministerio de Seguridad fueron claros y tajantes en el mensaje hacia las familias. La Jefatura de Policía recordó que los padres son civilmente responsables por las acciones de sus hijos, lo que implica que cualquier daño o gasto operativo derivado de estas «bromas» de mal gusto podría terminar en una demanda económica contra los tutores, basándose en el Artículo 1754 del Código Civil.

Por ahora, el lunes 20 se perfila como un test de resistencia para el sistema educativo local. Entre pasillos custodiados y bancos con lo mínimo indispensable, la comunidad educativa busca recuperar una normalidad que, por culpa de un reto digital, hoy parece lejana. Se insta a los padres a mantener un monitoreo estricto del uso de redes sociales y a denunciar cualquier irregularidad al 911.

