La Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua contra uno de los acusados de haber participado en el macabro homicidio de Ramón «Ramoncito» Ignacio González, un niño de 12 años, violado, torturado y empalado en un presunto ritual satánico.
El máximo tribunal ratificó la condena contra Daniel Alberto Alegre por la causa conocida como “Ramoncito”, tal el nombre del pequeño asesinado en Mercedes el 6 de octubre de 2006.
Ese día, Ramón Ignacio González salió de su casa hacia la escuela pero nunca llegó, ni regresó.
Su cuerpo fue hallado en unos pastizales, con quemaduras de cigarrillos, golpes, el cuero cabelludo arrancado, degollado y con signos de haber sido violado.
La espeluznante escena dio lugar a una investigación que permitió determinar que el pequeño, quien vendía estampitas cerca de una vieja estación de trenes, había sido captado por una suerte de secta.
Aquel día fue trasladado a una casa alquilada, donde tuvo lugar el ritual, del que participaron al menos diez personas.
Todos fueron condenados por el delito de “homicidio triplemente calificado, por haberse cometido con ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante y privación ilegítima de la libertad”.
El fallo, ahora confirmado por la Corte, dio por probado “el padecimiento prolongado ocasionado al menor previo a su muerte, por la participación de varias personas que se aprovecharon del absoluto estado de indefensión del pequeño, que dado su estado físico de desnutrición y psicológico, no pudo oponer resistencia alguna”.
Según surgió del juicio, el menor fue asesinado en medio de un rito satánico con características de prácticas medievales y credos de origen africano.
Para el esclarecimiento del juicio fue clave el relato de una niña de 14 años, también captada por la secta, que había presenciado el ritual y contó con detalles propios de un filme de terror las circunstancias del crimen.
Todos los integrantes de la banda fueron condenados en un primer juicio, pero Alegre permaneció prófugo durante cuatro años, entre 2007 y 2011.
Ese año fue capturado en Unquillo, Córdoba, donde se desempeñaba como inspector de tránsito con una identidad falsa.
Condenado en 2015 también él a perpetua, su defensa oficial, a cargo de José Nicolás Báez, presentó un último recurso ante el máximo tribunal, pero en su último acuerdo los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti dejaron firme a sentencia.
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