El arquitecto Oscar Lovera pegó un portazo tras acusar un violento episodio en el despacho municipal. Afirmó que el Jefe comunal se abalanzó sobre él, lo golpeó en el pecho e intentó agredirlo de puño al grito de «te voy a matar a piñas». La presentación judicial exige pericias psiquiátricas y toxicológicas para el mandatario comunal.
04-POLITICA-OK-4La Municipalidad de Santo Tomé se convirtió en el epicentro de un verdadero sismo político e institucional. Lo que comenzó como una reunión privada de gestión en el despacho del Ejecutivo comunal terminó en un escándalo mayúsculo que ya tramita en los estrados judiciales: el secretario de Obras Públicas, Oscar Lovera, presentó su renuncia indeclinable tras denunciar haber sido víctima de una feroz agresión física, verbal y moral por parte del propio intendente, José Augusto Suaid.
El detonante del quiebre institucional ocurrió el pasado jueves 28. Según consta en el documento oficial de dimisión -y en la posterior denuncia penal que sacude a la localidad-, las diferencias metodológicas en torno a la gestión escalaron de forma intempestiva cuando el Jefe comunal reaccionó de manera violenta. El relato del experimentado profesional de la arquitectura es contundente: detalla un escenario de hostigamiento con gritos e insultos injuriosos que atentaron directamente contra su honor y dignidad.
Sin embargo, el punto de no retorno se dio cuando la violencia verbal pasó a la acción física.
«La agresión escaló de manera alarmante cuando usted se levantó de su escritorio y se abalanzó sobre mi persona -mientras yo me encontraba sentado-, asestándome un fuerte golpe con ambas manos en el pecho que me empujó hacia atrás, para luego intentar golpearme con sus puños mientras gritaba fuera de sí la amenaza literal: ‘Te voy a matar a piñas'», plasmó Lovera en el texto remitido al Intendente.
SIN GARANTÍAS
PARA CONTINUAR
Para Lovera, quien estuvo al frente de una de las carteras más sensibles y dinámicas desde el inicio de la actual administración municipal, el violento proceder de la máxima autoridad local anuló de inmediato cualquier posibilidad de convivencia laboral. «Ante el ataque físico y el peligro hacia mi vida, no existen las garantías mínimas de seguridad, respeto ni condiciones para continuar desempeñando una tarea que siempre llevé adelante con máxima responsabilidad», sentenció el ahora ex funcionario al despedirse y agradecer al personal técnico, así como el de maestranza.
LO PENAL
La gravedad del hecho dinamitó la paz del Municipio, obligando a una presentación penal formal que ya incorporó el pedido de intervención del Cuerpo Médico Forense para constatar las lesiones físicas y evaluar secuelas psicológicas.
Fuentes judiciales confirmaron que la querella de Lovera no se limitó a la agresión hacia su persona, sino que incluyó situaciones de hostigamiento hacia su esposa. Entre las medidas urgentes solicitadas a la Justicia se destacan el pedido de restricción perimetral de acercamiento contra Suaid, citaciones a empleados que habrían presenciado el violento episodio y una solicitud de pericias psiquiátricas y toxicológicas sobre el Intendente.
El tablero político: un quiebre en el corazón de la gestión comunal
El portazo de Oscar Lovera no es la baja de un técnico más; representa un golpe directo a la línea de flotación del esquema de poder del intendente, Augusto Suaid.
Obras Públicas ha sido, desde el desembarco de esta administración a fines de 2021, la principal vidriera y la carta de presentación de la gestión local hacia la Provincia. El plan de pavimentación, la urbanización de la costanera y las intervenciones barriales sostenidas con financiamiento provincial eran el núcleo del capital político con el que el oficialismo comunal pretendía consolidar su hegemonía en el Departamento.
Este violento incidente expone grietas de carácter irreversible en el círculo íntimo del Ejecutivo y redefine el equilibrio de fuerzas en el Concejo Deliberante. Precisamente, para el lunes 1 de junio, el cuerpo legislativo local tenía previsto recibir a Lovera en una reunión informativa clave.
Con la renuncia consumada y una denuncia penal en curso que incluye pedidos de restricciones perimetrales y exámenes toxicológicos, la oposición buscará capitalizar el costo político de un escándalo institucional sin precedentes modernos en la costa del Uruguay, mientras el oficialismo provincial observa con extrema cautela un conflicto que dinamita la ejemplaridad administrativa que tanto se esmeran en pregonar.