La diputada provincial del PRO, Lorena Lazaroff, llevó al recinto el drama de Itatí: 38 personas con discapacidad intelectual, motriz severa y visual viven sin medicamentos, sin pañales y sin insumos ortopédicos desde diciembre de 2025 porque la Agencia Nacional de Discapacidad dejó de pagar las prestaciones del programa Incluir Salud. La deuda asciende a $400 millones -el doble de lo que era en marzo- y representa casi el 90% del financiamiento de la institución. Un proyecto de resolución pide al Gobierno central que cumpla la ley que él mismo sancionó: la 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
05-POLITICA-OK-2El Cottolengo Don Orione de Itatí -la localidad terruño de la Virgencita, a 70 kilómetros de la Capital correntina- lleva 58 años siendo el hogar de personas con discapacidad que, en su gran mayoría, no tienen familia que las contenga. No son pacientes de paso. Es su casa, su única red. Y hoy está en emergencia (hace cinco meses), no por falta de voluntad ni de recursos propios, sino porque -según acusan- el Estado nacional dejó de cumplir sus obligaciones.
La diputada provincial del PRO, Lorena Lazaroff, tomó la palabra en la Cámara baja para ponerle nombre y número a esa situación, y presentar formalmente el Expediente Nº19.802, un proyecto de resolución que solicita a la Secretaría Nacional de Discapacidad el pago inmediato de lo adeudado y la reanudación de las prestaciones del Programa Federal Incluir Salud.
LOS NÚMEROS
DEL ABANDONO
Desde diciembre de 2025, la entonces Andis (Agencia Nacional de Discapacidad reconvertida en Secretaría Nacional de Discapacidad) dejó de transferir los fondos correspondientes al programa Incluir Salud. Al momento de estallar la crisis pública, la deuda acumulada representaba 200 millones de pesos.
Al 27 de mayo de 2026, esa cifra se duplicó y superó los 400 millones de pesos. Un monto que, dicho así, puede parecer abstracto, pero que en el contexto de una institución sin fines de lucro que atiende a los sectores más vulnerables de la sociedad significa algo concreto: no hay medicamentos, no hay pañales, no hay insumos ortopédicos.
Los 38 residentes del Cottolengo Don Orione de Itatí presentan discapacidades intelectuales, motrices severas y visuales. Requieren atención permanente, medicación continua e insumos cotidianos que, para una persona en esa condición, no son opcionales: son la diferencia entre vivir con dignidad o no. A eso se suma que 43 trabajadores no sólo ven comprometida su fuente laboral, sino que tampoco han cobrado los aumentos salariales establecidos para el personal de la sanidad.
La Provincia, presente, con límites
Lazaroff hizo hincapié en que, frente al vacío dejado por la Nación, el Gobierno provincial no se mantuvo al margen. Destacó que el gobernador, Juan Pablo Valdés, visitó personalmente el Cottolengo Don Orione junto al ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, y se articularon medidas de asistencia de carácter paliativo para sostener el funcionamiento de la institución mientras dura el conflicto con el Gobierno nacional.
Sin embargo, la legisladora del PRO fue tajante en el recinto al delimitar responsabilidades: «Ninguna provincia puede reemplazar lo que le corresponde al Gobierno nacional». No fue una crítica al Gobierno provincial -al que reconoció presente-, sino una afirmación jurídica y política que define con precisión dónde está el problema y quién debe resolverlo.
Mensaje al recinto
El Expediente N°19.802, ingresado el pasado 6 de abril, contiene el proyecto de resolución que Lazaroff presentó ante sus pares. Su artículo único es directo: solicitar a la Secretaría Nacional de Discapacidad que adopte las medidas necesarias para saldar la deuda acumulada y reanudar de manera inmediata las prestaciones del programa Incluir Salud en el Cottolengo Don Orione de Itatí.
Durante su discurso, la Diputada también apeló directamente a los legisladores oficialistas, en particular al diputado Leconte, de La Libertad Avanza, y al diputado Cassani, para que trasladen a sus autoridades nacionales la gravedad de la situación que atraviesa el Cottolengo y otras instituciones similares en la provincia.
La Diputada cerró su intervención con una síntesis que resume el espíritu del proyecto: defender la inclusión y honrar el compromiso social que tienen los representantes del pueblo. No como slogan, sino como obligación concreta frente a 38 personas que no tienen a nadie más que al Estado para garantizarles una vida digna.
Una ley que no se aplica
Lazaroff sostuvo que lo que hace más difícil de comprender esta situación -y más difícil aún de justificar- es que existe una norma específica, sancionada por el propio Congreso nacional, que obliga a evitar exactamente lo que está ocurriendo. La Ley 27.793, aprobada en 2025 y reglamentada mediante el Decreto 84/2026, declara la Emergencia Nacional en Discapacidad en Argentina hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Su propósito explícito es garantizar la continuidad de las prestaciones, actualizar el financiamiento y proteger los derechos de las personas con discapacidad.
La diputada Lazaroff fue categórica al respecto: «La ley no está para ser declamada, está para cumplirse». Y advirtió que el Cottolengo Don Orione de Itatí es la prueba más palpable de que esa declaración de emergencia todavía no se traduce en hechos concretos para las instituciones que más la necesitan.