Por Manuel Aguirre*
Cuando tuve noticias de la remisión de la ley autoproclamada “Hojarasca” por parte del Poder Ejecutivo, mi primera impresión fue que nos encontrábamos ante un notable desconocimiento del derecho.
Después de leer el proyecto, no solo confirmé mi sospecha, sino que me sorprendió la profundidad de ese desconocimiento por parte de sus autores. Luego reflexioné sobre los verdaderos motivos de su presentación, y mi sensación cambió.
La idea de “derogar” aproximadamente 70 normas antiguas que supuestamente estorban la actividad económica, aunque parece interesante, al analizarla en profundidad se revela como un fuego artificial más del gobierno para encubrir su cada vez más evidente falta de acción. En ese sentido, el nombre está bien puesto, ya que la hojarasca –además de causar molestias– solo produce humo.
Las normas jurídicas se derogan, en primer lugar, por otras normas. Esto responde a varios principios del derecho, como el que establece que la ley posterior deroga a la anterior, sin necesidad de declaraciones o proclamaciones públicas.
Un ejemplo claro es la Ley Nº 55, sancionada el 15 de septiembre de 1863, que autorizó al Poder Ejecutivo a suscribirse a la obra *»Exposición de la Constitución de los Estados Unidos del Norte»*. Esta ley nunca fue derogada, pero es evidente que dicha suscripción ya no está vigente, ni resulta necesaria su derogación. Tampoco hoy sería necesaria una ley para autorizar una suscripción de ese tipo, lo que refleja el candor y la limitación económica de aquella época.
El proyecto purificador propuesto es, en realidad, una pérdida de tiempo y esfuerzo, y denota falta de criterio jurídico.
Además, el proyecto ignora una institución clave del derecho denominada *desuetudo*, que reconoce la costumbre o el desuso de una norma cuando la comunidad la abandona en la práctica. Un ejemplo clásico es la normativa de principios del siglo pasado que prohibía a hombres y mujeres compartir las playas, costumbre que desapareció sin necesidad de derogación formal.
Otorgar poder a personas con asuntos personales no resueltos es peligroso, ya que tienden a utilizar lo público para legitimar situaciones vividas en su pasado, aunque esta cuestión excede el análisis jurídico.
De las 70 normas mencionadas en el proyecto, ninguna ha sido individualizada como un verdadero obstáculo para la sociedad. Por el contrario, muchas de ellas son desconocidas para los habitantes, lo que demuestra que la *desuetudo* ya ha operado.
No se observa ninguna idea reformadora coherente en la selección de las normas a derogar, lo que sugiere que fueron recopiladas al azar, quizás en una noche de insomnio.
El derecho regula la conducta de la sociedad y debe ser tratado con seriedad por especialistas y estudiosos, o al menos por personas con ideas reformadoras claras. Se debería fomentar el disenso constructivo y responsable. En las comisiones que integro en la Honorable Cámara de Diputados, venimos trabajando en reformas integrales, como la del Código Penal, que desde hace tiempo requiere actualización y orden. Seguramente, la ley «Hojarasca» será remitida para su análisis.
He hecho un esfuerzo para no caer en lo grotesco en esta crítica, manteniendo la seriedad que la cuestión merece.
El pueblo argentino, digno de todo respeto, debe saber quiénes trabajan seriamente y quiénes solo pretenden hacer humo con la hojarasca.
*Diputado nacional UCR – Corrientes