El constitucionalista y excombatiente de Malvinas analizó el reciente fallo de la Corte Suprema referente a la venta de tierras a extranjeros, cuestionó la «omisión cobarde» del Congreso y formuló un enérgico llamado a ejercer una ciudadanía activa en defensa de la Carta Magna.
02-TAPA-POLITICAEl abogado constitucionalista, exconvencional constituyente y excombatiente de la gesta de Malvinas, Armando Aquino Britos, ofreció un crítico análisis sobre el escenario político e institucional de la Argentina durante una entrevista brindada al programa La Otra Campana, emitido en simultáneo por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá.
La conversación con los periodistas Gustavo Adolfo Ojeda y Facundo Sagardoy tomó como punto de partida una columna de opinión de su autoría publicada en el diario EL LIBERTADOR, en la cual aborda las implicancias del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante el planteo promovido por veteranos de guerra contra el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
Al evaluar el fallo del máximo Tribunal, Aquino Britos precisó que la Corte resolvió desestimar la demanda sin ingresar al tratamiento del fondo de la cuestión.
El Tribunal fundamentó su decisión en la ausencia de una «legitimación concreta y puntual» por parte de los excombatientes, ratificando el criterio de que, si bien el concepto de soberanía involucra a toda la ciudadanía, su ejercicio corresponde estrictamente a los órganos constituidos del Estado.
Aunque manifestó su personal discrepancia con esta doctrina restrictiva de la legitimación activa, el jurista reconoció que el fallo guarda coherencia con la jurisprudencia pacífica que el Tribunal viene aplicando en causas análogas, como las impulsadas por el Colegio de Abogados de Buenos Aires o la Gobernación de La Rioja.
Sin embargo, el eje central de su advertencia apuntó al «foco equivocado» con el que la sociedad y la dirigencia interpelan al Poder Judicial.
«El Poder Judicial no está llamado a gobernar, sino a ejercer el control de constitucionalidad y velar por la supremacía de la Carta Magna», enfatizó Aquino Britos.
En esa línea, tildó de actitud de «cobardía o desconocimiento» la tendencia a dirigir las críticas hacia la Corte Suprema.
Según expuso, resulta más cómodo confrontar con el estamento más débil de la representación republicana -un órgano que no cuenta con mecanismos de debate político ni posibilidad de réplica- en lugar de reclamar soluciones a quienes detentan la responsabilidad directa de gobernar y legislar.
DESBORDE
Al señalar a los verdaderos responsables del deterioro institucional, el constitucionalista concentró sus críticas en el Poder Ejecutivo nacional y en el Congreso de la Nación.
Respecto al Ejecutivo, denunció la existencia de un «desborde temperamental e institucional atroz», caracterizado por la pretensión de gobernar a expensas de las previsiones constitucionales.
Como muestra de ello, citó la emisión del DNU 70 -que abarca más de 700 artículos y deroga o modifica cerca de 400 leyes- y el DNU 941, el cual otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) amplias facultades de detención sin control judicial previo ni reglamentación precisa.
En contrapartida, el exlegislador apuntó severamente contra la pasividad de las cámaras parlamentarias. A su juicio, el Congreso omite el cumplimiento de sus deberes esenciales de control al ampararse en el marco normativo de la Ley 26.122 y «resignar mansamente» sus competencias exclusivas.
«Es inadmisible que el propio Congreso contemple con indiferencia cómo otro poder se atribuye sus facultades normativas. O existe una ignorancia supina de sus obligaciones o una abierta complicidad», aseveró con dureza durante la emisión radial.
Asimismo, cuestionó el sectarismo de ciertos sectores políticos que aplauden de manera irreflexiva cualquier medida gubernamental únicamente por oposición a gestiones pasadas, instando a superar las antinomias del pasado para garantizar la fortaleza institucional que exigirán las futuras generaciones.
DEBER
Desde su perspectiva de veterano de guerra y profesional formado en las aulas de la universidad pública, Aquino Britos vinculó el patriotismo con una interpretación dinámica y moderna del ordenamiento constitucional.
Evocando las reflexiones del jurista Carlos Fayt sobre la democracia ateniense, recordó que en tiempos de paz el compromiso patriótico no se mide en el campo de batalla, sino en la participación activa y comprometida dentro de la vida pública.
En ese sentido, revalorizó el texto del artículo 21 de la Constitución Nacional -que consagra la obligación ciudadana de armarse en defensa de la Patria y de la Constitución- argumentando que, en el contexto contemporáneo, «armarse» implica pertrecharse de las garantías, derechos y herramientas legales que otorga la propia Carta Magna para interpelar con firmeza a los poderes constituidos.
Una diferenciación indispensable
Durante el tramo final del intercambio, consultado sobre los debates legislativos vinculados a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, el exconvencional constituyente diferenció de manera categórica el principio de hospitalidad garantizado por el artículo 20 de la Constitución Nacional de la salvaguarda de la integridad territorial.
Señaló que garantizar igualdad de derechos civiles a los habitantes extranjeros no implica que el Estado deba abdicar de su poder de imperium ni comprometer la soberanía sobre zonas estratégicas o de frontera. «Una cosa es ser generosos con los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino y otra muy distinta es permitir que, a través del poder económico, se adueñen de nuestro territorio», remarcó.
A modo de conclusión, Aquino Britos lanzó una contundente advertencia sobre el rumbo del sistema político argentino: si el Poder Ejecutivo continúa concentrando atribuciones legislativas extraordinarias ante la mirada complaciente de un Congreso inepto para poner límites, la Argentina no solo se alejará del modelo republicano, sino que terminará «consagrando una monarquía ni siquiera constitucional».