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    Política

    El Senado aprobó por unanimidad la Ley Permanente de Discapacidad

    19 de noviembre de 2026
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    En una jornada parlamentaria de alto impacto institucional, el Senado de la Nación convirtió en ley por unanimidad el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La votación arrojó un contundente respaldo de 71 votos a favor sobre 71 senadores presentes, reflejando un entendimiento transversal entre el oficialismo, la oposición peronista, el radicalismo y los bloques provinciales.

    La nueva legislación elimina de manera definitiva la condición transitoria del esquema previo, fijado bajo la Ley 27.793 de emergencia que vencía a fin de año. Al adquirir carácter permanente y de orden público, la norma otorga estabilidad jurídica a las personas con discapacidad, a sus familias y a las instituciones asistenciales, superando un historial de sucesivas prórrogas legislativas.

    El consenso alcanzado en el recinto estuvo fuertemente impulsado por la constante movilización de las organizaciones y colectivos de discapacidad en las calles. Asimismo, el expreso respaldo del papa León XIV a los reclamos del sector resultó determinante para destrabar las negociaciones entre las distintas bancadas y comprometer al Congreso en la estructuración de una solución de fondo.

    Compatibilidad con el empleo formal y protección del ingreso

    Entre las disposiciones centrales de la normativa se destaca la eliminación de los desincentivos para la inserción laboral del sector. A partir de la promulgación, los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán mantener el cobro de la pensión no contributiva —fijada en el 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo— de manera simultánea con su desempeño en el empleo registrado o mediante la inscripción en el monotributo.

    Esta compatibilidad estará vigente siempre que los ingresos obtenidos por el trabajo no superen el monto equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. En paralelo, el texto ratifica la plena continuidad y cobertura del programa federal Incluir Salud, garantizando la atención médica integral a todos los perceptores del beneficio estatal.

    Garantía presupuestaria, actualización arancelaria y auditorías

    En el aspecto económico y prestacional, la ley ratifica el nomenclador único y dispone la actualización automática y periódica de sus aranceles. Este ajuste se realizará mediante el índice de movilidad jubilatoria directamente vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), buscando frenar el deterioro financiero de profesionales y centros asistenciales.

    Para proteger los recursos destinados al área, la ley establece un piso presupuestario estricto: la partida del Ministerio de Salud orientada a discapacidad no podrá ser menor, en términos reales, a la ejecutada en el ejercicio fiscal anterior. A su vez, para resguardar la transparencia del sistema, se dispone la realización de auditorías cruzadas periódicas entre la Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), el Sintys y el Renaper, bajo los principios del debido proceso inclusivo.

    Asimismo, mediante una cláusula transitoria, la norma obliga a definir un cronograma de pago para cancelar las deudas acumuladas con los prestadores e instituciones del sector, fijando un plazo máximo de 30 días corridos para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley en su totalidad.

    El debate parlamentario y las visiones en el recinto

    Durante la discusión en el recinto, los representantes del oficialismo remarcaron que el proyecto permite ordenar el sistema, brindar previsibilidad y definir un origen claro de financiamiento, dejando atrás los parches temporales y garantizando la sostenibilidad de las coberturas.

    Por su parte, desde los bloques de la oposición y bancadas aliadas se valoró la sanción unánime, aunque se atribuyó el avance normativo al compromiso directo de la ciudadanía y los colectivos que reclamaron en el espacio público. Los legisladores advirtieron además sobre la importancia de fiscalizar la ejecución presupuestaria para asegurar que los derechos consagrados se traduzcan en prestaciones efectivas y pagos al día.

    El marco de la sesión maratónica

    La aprobación de este régimen permanente tuvo lugar en el marco de una sesión maratónica en la que el Senado trató un temario diverso de relevancia institucional.

    Entre los puntos abordados se incluyó el ingreso formal de pliegos judiciales, la ratificación de la Ley de Tierras, el debate del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, la Ley Joaquín y la aprobación del ascenso al grado inmediato superior del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, concluyendo así una jornada clave para la agenda legislativa del año.

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