Durante la sesión en la que Diputados dio media sanción al bloqueo de dispositivos móviles en los penales correntinos, la legisladora Marlene Gauna cuestionó las prioridades del proyecto, denunció condiciones inhumanas de detención y decidió abstenerse.
La Cámara de Diputados de Corrientes fue escenario de un intenso cruce político durante el tratamiento del proyecto de ley para prohibir el ingreso, la tenencia y el uso no autorizado de teléfonos celulares, así como inhibir su señal dentro de las unidades penitenciarias de la provincia. Si bien la medida logró la media sanción y avanzará hacia su tratamiento en el Senado, las miradas se concentraron en la dura postura adoptada por la diputada kirchnerista Marlene Gauna, quien rechazó el enfoque de la iniciativa y reclamó mejoras básicas de infraestructura, incluyendo la provisión de alimentos dignos y la instalación de sistemas de aire acondicionado en los pabellones.
El proyecto impulsado por la diputada oficialista Lorena Lazaroff apunta a desarticular maniobras delictivas organizadas desde el interior de las cárceles, entre las que enumeró extorsiones, fraudes, amenazas y secuestros virtuales. La norma aprobada exige la instalación de sistemas tecnológicos de detección fija y remota de señal, la inutilización del código IMEI de los aparatos no autorizados y la restricción del contacto de los internos a líneas fijas de tecnología analógica sujetas a horarios y monitoreo del Servicio Penitenciario. Asimismo, la iniciativa incorpora severas sanciones disciplinarias para los agentes penitenciarios que infrinjan los controles, aspecto que fue celebrado por el diputado Ricardo Leconte.
Cuestionamientos a las prioridades y denuncias por violencia
Lejos de acompañar la iniciativa, la diputada Marlene Gauna fundamentó su abstención señalando que la realidad carcelaria en Corrientes atraviesa deficiencias de extrema gravedad que no se resuelven restringiendo la telefonía móvil. «Humildemente, la realidad de la comunidad carcelaria correntina es pésima. Estamos hablando de que queremos sacarle celulares cuando en realidad no tienen ni comida digna, no tienen aire acondicionado, están hacinados», sostuvo la legisladora durante su intervención en el recinto.
Gauna advirtió que con este tipo de proyectos se busca «matar la víbora por la cola» sin atender las desigualdades de fondo del sistema penitenciario. «La reinserción la veo muy poco probable con calidad de vida, sin o con el celular», argumentó, al tiempo que planteó que la comunicación telefónica constituye habitualmente el único nexo que les queda a los internos con sus familias.
La legisladora opositora también hizo foco en el trato institucional a los visitantes y el estado edilicio de las dependencias provinciales. Denunció la violencia en los procedimientos de ingreso y afirmó: «Para visitar a nuestros presos políticos hay que sacarse hasta la ropa interior». A su vez, describió fallas críticas en los servicios básicos de las instalaciones, mencionando la presencia de cables de electricidad expuestos que chicotean y la falta de agua caliente.
«Se perdió la libertad en la cárcel, no se perdieron todos los otros derechos», concluyó Gauna al ratificar su abstención y señalar la falta de datos estadísticos sobre los delitos cometidos localmente a través de dispositivos en penales.
Contexto regional y continuidad del trámite
Con esta media sanción, Corrientes busca alinearse a las medidas adoptadas en provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que restituyeron esquemas estrictos de control de comunicaciones tras la suspensión de visitas presenciales decretada durante la emergencia sanitaria de 2020. Tras haber obtenido la aprobación de la Cámara baja, el texto pasará ahora a la Cámara de Senadores para su debate definitivo.
Foto: Luis Gurdiel

