En la tarde de ayer, finalmente se confirmó a EL LIBERTADOR que Federico Sebastián «Morenita» Marín se fugó el martes pasado luego haber obtenido permiso de la Justicia Federal para hacerse un chequeo.
«Morenita» se encontraba oculto en un lugar del que aún sólo sabe el foro judicial, cumpliendo prisión domiciliaria, a requerimiento del Ministerio Público en caso de que deba dar testimonio como testigo de la causa que se lleva contra el resto de la banda de narcotraficantes que operaba desde Itatí que integraba, y por la que también se imputa a ex funcionarios del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes (Ver más en página 13).
Es la segunda vez que el reo se fuga de la Justicia, la primera en 2017 cuando protagonizó una balacera contra gendarmes cuando fue identificado junto a 400 kilogramos de marihuana en un operativo antinarcóticos.
«Disfrazaron a un narco de testigo para que declarara contra Soto Dávila», había dicho Aníbal Ibarra, abogado defensor en el caso que se lleva al ex Juez Federal de Corrientes en tono de advertencia tras haber detectado serias irregularidades en el proceso judicial que se lleva contra los imputados en Capital Federal.
Puntualmente, Ibarra, había denunciado que el Ministerio a cargo de los fiscales Diego Iglesias y Martín Uriona había plantado a una persona parte de la banda como «testigo reservado», señalado como «arrepentido», cuando a todas luces debía haber sido tratado como un imputado más. Ibarra había advertido del mal procedimiento de ambos letrados en torno al testigo identificado como Renzo Jesús Molina que, de acuerdo a la defensa, es integrante activo de la banda de narcotraficantes que apuntó contra el ex Juez federal y a los funcionarios de su Juzgado luego de ser detenido en Corrientes.
Molina, había señalado Ibarra, era quien guardaba en su casa los autos de la banda para que ocultaran estupefacientes, y pese a ello, los fiscales recibieron su declaración testimonial, «en lugar de someterlo al proceso», en base a su declaración como «testigo arrepentido» lo consideraron «ajeno a la causa».
«Además, en esa declaración, Renzo Molina nombró a sesenta implicados. Dijo dónde cargaban lancha, dónde invertía el dinero, es decir, dio detalles que sólo un miembro de la banda podía saber. Y además de eso, que (los fiscales) habían arreglado para que declarara contra Soto Dávila, para dejarlo libre», había detallado el ex Jefe del Gobierno porteño.
Ibarra había dicho que los fiscales tenían acceso a una declaración en la que Morenita Marín, prófugo de la Justicia, nombraba a Renzo Molina, y que pese ello, «nunca dijeron nada» y «lo siguieron usando sólo porque declaraba contra Soto Dávila».
Se recuerda que sobre la base de aquellas pruebas, Ibarra acusó a los fiscales de cometer «falta a la lealtad procesal» y de «encubrir la participación de Molina» en la banda de narcotraficantes, ante un hecho al que calificó «un símbolo de la causa que se está llevando adelante en contra de Soto Dávila».
Ibarra, dijo que la defensa esperará a los alegatos para hacer notar al Tribunal que lleva la causa los informes que ya presentó a la Procuraduría, a los que ahora sumaría la fuga de Federico Morenita Marín, antes de que el tribunal resuelva una condena dentro del cuatrimestre en curso.
Dado el escenario complejo para el tribunal, la causa que además del ex Juez, en la que también se encuentran imputados Gregorio Giménez, Duylio Barboza Galeano, Omar Antonio Serial, Jorge Vallejos y Tomás Viglione; el ex intendente de la ciudad de Empedrado, Juan Manuel Faraone; y los señalados como integrantes de la banda narco Carlos «Cachito» Barreiro y Pablo Torres, todos ellos junto a los ex secretarios penales Federico Grau y Pablo Molina acusados de integrar una asociación ilícita, estiman guarismos en danza al cierre de esta edición.
El jueves 9 pasado, en audiencia, el tribunal tomó los argumentos de los miembros de la Procunar, pero no hizo lugar a un pedido de recusación contra los fiscales reclamado por Ibarra, hecho que, no obstante, para el letrado, anticipa los movimientos del Tribunal y dejó registro de que ya se ha pedido «el apartamiento de los fiscales».
En la misma audiencia, Iglesias y Uriona se defendieron frente a las afirmaciones de Ibarra, aunque no desmintieron su acusación y rechazaron ser apartados del caso, además de apuntar contra el penalista acusándolo de «violar la reserva de identidad» y «poner en peligro la integridad de un testigo».
«Los fiscales de Buenos Aires disfrazaron a un narco como testigo. Es bueno que esto también se sepa en Corrientes», había dicho en respuesta a ello el abogado defensor.
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