En sus dos gestiones, el Gobernador sólo debió sortear el dilema del inicio del ciclo lectivo por la pandemia, poniendo fin a una conflictividad de años.
03-POLITICA-2El gobernador, Gustavo Valdés culminará su octavo -y último año de gestión- con el inicio de ciclos lectivos en tiempo y forma.
El dato no debería llamar la atención, aunque resulta llamativo en una provincia donde desde la década del 90 la conflictividad docente dilataba permanentemente el inicio de clases, siempre marcado por medidas de fuerza y fuerte conflictividad entre el Gobierno y los sindicatos.
Durante los dos períodos de mandato del ituzaingueño, sólo la pandemia de Covid-19 jaqueó -como en todo el país- la normalidad escolar, que en el lapso 2020-2022 sorteó extensos debates sobre la conveniencia del regreso a las aulas.
Así las cosas, sólo el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), los llamados Docentes Autoconvocados y en menor medida la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp) enfrentaron a la gestión Valdés, que luego apareció aliada con la administración del presidente Javier Milei, confeso enemigo de las demandas laborales.
Hábil a la hora de utilizar las herramientas negociadoras, la administración provincial pivoteó siempre en el estado de ánimo y los intereses de los gremios para dividir el frente de educadores.
Desde el Gobierno provincial, informaron este jueves que otorgará un aumento salarial del 13 por ciento, tanto para el salario básico como para el sueldo inicial, siendo el primero de varios que tendrán este año.
En la mesa de diálogo se llegó a un acuerdo y el porcentaje anunciado se traduce en un aumento de casi 6 puntos previsto para el primer trimestre. Este número, también equilibra la inflación actual.
Cabe recordar que, el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini les había propuesto una cifra consistente en un aumento del 13 por ciento. Esto significa que el 80 por ciento de los docentes primarios de toda la provincia cobrarán en marzo 1.325.000 pesos y quienes no tengan antigüedad ni hijos, 710.000 pesos.