La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) ratificó en el transcurso del pasado fin de semana el estado de alerta para varias provincias.
De esta manera, se sumó al conflicto con una presentación formal ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo firmada por su presidente Gerardo Ingaramo y el secretario Gustavo Larrea, el 25 de noviembre.
La entidad, que representa a empresarios de provincias como Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, denuncia una «grave situación» por la eliminación de subsidios nacionales, aportes provinciales insuficientes y tarifas distorsivas sin sustento técnico, que no reconocen el costo del kilómetro real. Esto ha provocado un «constante cierre de empresas, eliminación de servicios, pérdida de fuentes de trabajo y paralizaciones de prestaciones», generando un deterioro del capital invertido y una proliferación de medios alternativos inseguros, como motovehículos, que compiten con tarifas de bajo costo.
El conflicto, que ya generó presentaciones ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero, refleja la tensión entre la sostenibilidad del sector y los derechos laborales. Las empresas alegan dificultades financieras por congelamiento tarifario y subsidios atrasados, mientras la UTA insiste en que «los problemas económicos no deben afectar los ingresos de los trabajadores» y que el pago íntegro es «irrenunciable».
Así las cosas, usuarios y autoridades observan con preocupación el inminente paro de colectivos, a menos de una semana de la fecha límite fijada por el sindicato: el cuarto día hábil previsto para el 4 de diciembre. Hasta el momento, no se reportan avances en negociaciones, y la tensión persiste sin resoluciones adicionales.
