La Aduana argentina incrementó las inspecciones sobre las barcazas que atravesaban el río Paraná con verificaciones documentales en los términos establecidos por el Código Aduanero argentino y el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná.
El organismo comunicó que los controles apuntan tanto a la seguridad de los precintos de las mercaderías transportadas como el acceso a las respectivas cargas.
Para los procedimientos fueron movilizados equipos de agentes especializados de la Dirección General de Aduanas junto con canes antinarcóticos.
La Aduana señaló que la Hidrovía, que da salida al Atlántico desde puertos fluviales, es «el curso hídrico de mayor relevancia» del Mercosur (bloque integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) «y como tal, es una vía elegida para el contrabando de drogas a Europa», «valiéndose de la complejidad que presenta la realización de controles sobre barcazas cargadas de granos o mineral de hierro».
El Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná establece que, en el curso de la Hidrovía, las aduanas deben abstenerse de practicar inspecciones o controles a las unidades de transporte -salvo cuando entren a puerto a realizar operaciones-, limitándose a la revisión de la documentación y condiciones exteriores de la carga, como el precintado.
Pero en caso de sospecha de fraude, «ello de ninguna manera limita el derecho de las aduanas a realizar los controles que consideren pertinentes», aclararon las autoridades argentinas.
El anuncio ha sido la única comunicación oficial divulgada hasta la fecha tras la controversia internacional que causó en la región la ejecución del régimen de arancelamientos que el Estado argentino ordenó aplicar sobre las barcazas paraguayas el mes pasado.
Como parte de los operativos, además, en la jornada de ayer jueves 7, Argentina embargó una barcaza de Shell en plena Hidrovía, en una medida que la empresa calificó de «bravuconada».
Según se señaló desde medios paraguayos, la embarcación era parte del convoy que transportaba 30 millones de litros de combustible, un insumo esencial para el entramado productivo del país.
La notificación del embargo e interdicción sobre la barcaza fue emitida por un Juzgado en lo Civil y Comercial Federal. El navío secuestrado por la Justicia argentina en el kilómetro 171 cuando terminaba de cargar para retornar a Asunción.
«El Gobierno tiene que tomar esto con la seriedad que corresponde. Es un conflicto y hay que pensar en una solución», indicó Luis Ortega, representante de Shell en Paraguay a medios locales.
Cancillería respondió que la posición sería fijada por la Administración Nacional de Navegación y Puertos, aunque de momento no se pronunciaron sobre el incidente.
La situación diplomática se agrava
El refuerzo de controles y la retención de la barcaza de Shell, remarcaron medios paraguayos, agravó aún más la ya delicada situación diplomática entre ambos países.
Con una reserva hasta octubre, Paraguay enfrenta un panorama difícil para abastecer a su mercado interno de producción, con riesgo de quedar sin combustible en persistir el conflicto en la Hidrovía por el cobro de peaje por parte de Argentina.
Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos piden a las autoridades brasileñas, sobre quienes recae la presidencia pro tempore de CIH, la convocatoria urgente de un arbitraje que involucre a los países del tratado.
«No podemos seguir soportar esta violación al tratado. Pedimos de forma urgente a la presidencia del CIH convoque a la comisión especial y encontrar una salida», expresó al respecto Raúl Valdez, presidente de CAFyM.El gremio fluvial llama al diálogo
Autoridades del gremio fluvial admitieron que no existe otra manera de importar combustible sino por medio del transporte fluvial. Entre enero y febrero de 2022, Paraguay importó por valor de 315,2 millones de dólares productos derivados del petróleo.
La primera exclusión de navegación de dos remolques extranjeros, una de bandera paraguaya y la otra boliviana, fue a mediados de junio en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
La aplicación de un peaje, calificada de ilegal por todos los países, alcanzaba la suma de 5 millones de dólares, monto que fue abonado por las empresas para la liberación de la carga.
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